El Grupo Alfonso Gallardo acaba de presentar el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental de la Refinería Balboa y el oleoducto que pretende atravesar de cabo a rabo la provincia de Huelva con origen en Los Santos de Maimona y final en el Nuevo Puerto de Huelva. Con su envío a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente se inicia la cuenta atrás para que el proyecto petrolero se exponga al juicio público y se puedan cursar las alegaciones que correspondan.

La empresa plantea la iniciativa como "el mayor proyecto industrial de la historia de Extremadura" y recuerda que implicará una inversión cercana a los 2.500 millones de euros y una generación de empleo que afectará a 3.000 trabajadores.

Ahora resta que el Ministerio de Medio Ambiente emita la declaración de impacto ambiental, que podrá ser positiva, negativa o positiva condicionada. Y que la Junta de Extremadura, en lo concerniente a su territorio, otorgue la Autorización Ambiental Integrada. Además, el Ministerio de Industria debe conceder la Autorización Administrativa Previa.

Un puzzle de piezas legales que debe cuadrar a la perfección para hacer realidad un proyecto que en Extremadura y Huelva está levantando ampollas, especialmente entre las organizaciones ecologistas, los agricultores, ganaderos y cooperativistas de los campos que atravesaría alguna de las seis opciones que maneja el proyecto.

Según la Memoria presentada por el potente Grupo Gallardo, el oleoducto debe atravesar la provincia de Huelva aunque también tocaría la de Sevilla. Y lo que es peor para sus intereses: el tubo de petróleo surcaría con su particular negro acuífero subterráneo las entrañas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Espacio Protegido del Río Tinto, el Corredor Verde del Guadiamar, la Pata del Caballo y otras zonas de especial protección natural sometidas a un régimen legal difícil de sortear y que tiene ocupados a los funcionarios de Medio Ambiente que dirige la ministra en funciones Cristina Narbona quien en palabras del parlamentario nacional de Los Verdes, Francisco Garrido, "no es para nada amiga de este proyecto".

Sin olvidar el entorno de Doñana, que para el ecologista Juan Romero sería "uno de los grandes perdedores por los riesgos que acarrearía a los caudales subterráneos que nutren la mimada Reserva de la Biosfera".

Las voces ecologistas esperan el momento oportuno para presentar sus alegaciones al proyecto pero de momento desde Ecologistas en Acción, Plataforma Fuegos Nunca Más y Los Verdes, amén de otras agrupaciones extremeñas, advierten que el oleoducto incumple, por ejemplo, leyes que rigen en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde su Plan de Uso no contempla ni por asomo este tipo de instalaciones. Además, figuras como la de Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés Común, Directiva de Aves y Hábitat o Zona de Especial Protección de la Red Natura 2000 establecen un parapeto medioambiental que a los ecologistas se les antoja infranqueable por parte del Grupo Gallardo. Un trío de normas autonómicas, estatales y europeas que según el portavoz de la Plataforma Fuegos Nunca Más, Juan Romero, bastaría, "de cumplirse escrupulosamente", para dejar el proyecto en dique seco y sin posibilidad literal de llegar a puerto.

Todo eso sin contar, subraya Francisco Garrido, de Los Verdes, con el aumento del flujo de petroleros en la Costa de Huelva, esenciales para transportar el crudo hasta su zona de descarga.

A los ecologistas se le han unido los agricultores y cooperativistas de los campos condales de Paterna, que no ven con buenos ojos que el oleoducto atraviese sus siembras y rompa sus tierras en dos. Cristóbal Ortega, responsable de la Cooperativa San Isidro, reconoce que "tenemos poca información sobre el trazado del oleoducto" pero advierte que el más de un millar de cooperativistas paterneros se opone al proyecto. En primer lugar, dice, porque sesga y divide sus tierras, eso sin contar, añade, "los enormes daños que causaría un accidente de estas características".

En la memoria de los campesinos está la contaminación de los campos del Genil, a la altura de Ecija, por la rotura del oleoducto Rota-Zaragoza.

En Paterna, uno de los pueblos que se baraja como ruta posible del oleoducto, no quieren ni oír hablar de él. No en vano su economía se asienta en los cultivos de algodón, cereales, remolacha o garbanzos que según Ortega se verían amenazados por esta obra.

Desde Ecologistas en Acción claman contra el oleoducto. Guillermo González ha anunciado que llevarán el proyecto al debate de la Junta Rectora del Parque de la Sierra por el gran impacto ambiental que esta actuación conlleva para la ganadería, biodiversidad y la amenaza sobre aguas subterráneas. Para González "no tiene sentido que se hable de una Huelva turística y se apueste por la industria petroquímica".

Otro de los foros que, según Juan Romero, deberá debatir sobre el conducto de crudo es el Organo de Participación de Doñana. Eso si se autoriza su paso por el entorno, ya que se verían afectadas "la calidad y cantidad de aguas que desembocan en el Guadiamar", dice Romero.

Desde Los Verdes se ha calificado de "disparate ambiental" el proyecto tanto desde el punto de vista social como económico. Francisco Garrido asegura que "es necesario oponerse a la refinería" y recuerda que ya Portugal desechó este oleoducto ante la posibilidad de que el puerto de Lisboa fuera el elegido para acogerlo. Garrido pide que los ayuntamientos, la Diputación onubense y la Junta de Andalucía "paren los pies a este sospechoso capricho del Grupo Gallardo". Y no descarta llevar el oleoducto a la Fiscalía Anticorrupción ante las numerosas ayudas que recibe Gallardo, "vinculado como todo el mundo sabe" a la alta política a través de la Junta extremeña.