En 1996 vio la luz un texto que con el paso del tiempo iba a convertirse en un manual de obligado uso para comprender los secretos de la represión franquista. El historiador Francisco Espinosa Maestre editó su libro La Guerra Civil en Huelva con el apoyo de la Diputación, una institución que doce años después se ha convertido en pieza clave para aclarar el terrorífico puzzle fascista al albergar en su archivo los datos y nombres, digitalizados, de miles de víctimas que fueron ajusticiadas sin piedad en unos consejos de guerra sumarísimos practicados entre 1936 y 1943. Y con ellos las rúbricas de los chivatos y verdugos que facilitaron su exterminio o su negro futuro. Los informes han sido recogidos, analizados y ordenados por el investigador José María García Márquez.

Por aquel 1996 , Emilio Silva comenzaba en Villafranca del Bierzo la búsqueda de su abuelo, Emilio Silva Faba, militante de Izquierda Republicana asesinado en una cuneta de Priaranza. Su caso fue seguido con avidez por la prensa, la radio y la TV que a partir de ese momento se lanzaron a recordar que miles de desaparecidos, asesinados durante la Guerra Civil, yacían setenta años después en fosas sin identificar. Comenzaron a aparecer decenas de cadáveres, calaveras agujereadas y una legión de voluntarios se prestaba a colaborar en el duro trabajo de destapar las fosas del franquismo. Fue el origen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Poco tiempo tardó en nacer su versión onubense. El trabajo de Francisco Espinosa aportaba los datos de la represión franquista en Huelva. Pueblo a pueblo, nombre a nombre desgranaba en su libro la brutalidad de las fuerza militares y sus apoyos a pie de calle, los falangistas. Apunta unos seis mil asesinatos, sobre todo de hombres y mujeres campesinos, maestros y trabajadores a los que se tildó de 'rojos'. Pero también subraya los datos de la represión de la izquierda, mucho menor en comparación y que no llega a los 200 fusilamientos.

Al mismo tiempo que Silva lograba abrir la fosa de Priaranza, la Asociación Memoria Histórica daba sus primeros pasos, enfocados en la localización de los cadáveres de miles de desaparecidos en la provincia onubense. Ese era su objetivo: sacar del anonimato a los represaliados del régimen, a los fusilados, torturados y condenados a muerte por el simple hecho de no comulgar con el fascismo. El Ayuntamiento de Almonte, donde era concejal el presidente de la Asociación, Rafael López, fue el primero en darle cobertura. Desde entonces hasta hoy, el movimiento, que aprovechó las nuevas tecnologías e internet para crecer, ha conseguido que los políticos, siempre a remolque de sus actividades, muevan ficha e incluso, en el caso del presidente Zapatero, ponga sobre el tapete la Ley de Memoria Histórica; y que un juez, Baltasar Garzón, solicite información sobre aquella vergüenza nacional.

El médico y sociólogo Rafael López cree que ha llegado el momento de que el Gobierno, el Estado, asuma la responsabilidad de recuperar los nombres, exhumar los cadáveres y dignificar los enterramientos. "Este proceso no puede quedar solo en manos de las Asociaciones", asegura López.

La Asociación Memoria Histórica ha facilitado al juzgado de Garzón los nombres de 22.000 fusilados y los mapas de fosas de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Ímprobo trabajo realizado durante todos estos años y que ha concluido con la localización de 118 fosas a lo largo de la geografía onubense.

La tabla aportada resalta que las fosas más grandes se encuentran en los cementerios y aledaños de Aracena (entre 140-180 cuerpos); Aroche (150-200); Calañas (200); El Campillo (entre 300 y 400); Huelva (4.500 cuerpos); Nerva (1.400); Riotinto (300); Rosal (350) o Valverde (más de 150 cuerpos). Por comarcas, la Sierra acoge 33 fosas, el Andévalo 44, el Condado 30 y 11 la Costa. Un total de 118 fosas, 92 dentro de cementerios y 26 en el campo que albergarían un total de 6.019 personas asesinadas.

Rafael López es consciente de que no se pueden abrir todas las fosas ni tampoco lo pretenden pero sí restituir la memoria de los represaliados y darles un reconocimiento y un enterramiento digno que "nunca tuvieron". Y eso pasa por considerar los crímenes como "de lesa humanidad" y "genocidio". A López le duele la actitud de ayuntamientos como los de Huelva y La Palma que "no quieren saber nada de la dignidad de estas personas" y el de Hinojos, que "rehuye nuestras peticiones".

El movimiento que lucha por la recuperación de la memoria histórica en Huelva, formado por trabajadores, campesinos, abogados, forenses, profesores y una larga lista de colaboradores, cuenta también con el apoyo de otro grupo, el Foro por la Memoria. Surgió de la estructura estatal en el año 2005, procedente de los movimientos de izquierda. Y en los últimos años se ha mostrado muy activo, organizando exhumaciones (Valverde) y actos de homenaje. El último celebrado en la aldea de El Pozuelo en recuerdo de los guerrilleros, de los huidos que quedaron atrapados en los campos onubenses y que en muchas ocasiones fueron sacados de los montes ordenando la autoridad militar el incendio de los bosques, tal y como consta en el archivo que obra en manos de la Diputación.

Coinciden en muchos de sus objetivos con el colectivo de Memoria Histórica. Su presidente, Félix Ramos, apuesta no solo por la realización de homenajes sino porque la "estudiada" represión franquista sea declarada como "crimen contra la humanidad". Su idea es llevar a la práctica la propuesta del equipo Nizkor, un colectivo dedicado a la lucha en favor de los derechos humanos en América Latina que ha redactado un informe en el que se analiza la cuestión de la impunidad en la España de Franco. Ese documento defiende "el derecho a saber el destino final de lo ocurrido a las víctimas de la represión". Ramos recuerda que el documento contempla varias medidas y cita la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, y declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista así como todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales. También aboga por la elaboración de una Ley de Exhumaciones.