punta Umbría

El juez llama a declarar a una apoderada del PP por un delito electoral

  • Está acusada de amenazar a una vecina con perder su trabajo si no votaba a María Sacramento

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha llamado a declarar en calidad de investigadas a L.Ch.Ch. y a A.T.L. por su supuesta implicación en un delito electoral.

Los hechos se remontan al mayor del año pasado, en plena campaña electoral de los comicios municipales, cuando Isabel Palomino Rodríguez recibió varios whatsapp de una apoderada del PP en los que la amenazaba con la pérdida de su puesto de trabajo y el de su madre si no votaba la candidatura de la popular María Sacramento.

Los primeros mensajes de L.Ch.Ch. pedían a Isabel Palomino que votara a Sacramento y aseguraba que "A.T.L. está pendiente de todos los trabajadores del hotel". Otro mensaje enviado el mismo día (24 de mayo) insistía "Isa... cuando vayas a votar avísame... A.T.L. quiere ver el voto. Si no, no hay contrato... El tuyo y el de tu madre".

El motivo por el que se solicitó a la receptora de los mensajes que mostrara su voto fue que Palomino había acudido a un almuerzo celebrado por el candidato de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, quien fuera alcalde de Punta Umbría por el Partido Popular y más tarde fue expulsado del partido a raíz de su enfrentamiento con María Sacramento.

El una de las providencias dictadas por el juez, éste descarta llamar a declarar en calidad de investigada a Sacramento como beneficiaria del voto que se iba a depositar, "sin perjuicio de que tras las declaraciones que se practiquen se realicen nuevas diligencias".

En la denuncia presentada por Palomino consta que ésta puso los hechos en conocimiento de Hernández Cansino y que éste a su vez L.Ch.Ch. para que cesara en esa actuación. Acto seguido ésta última contactó con la denunciando a través de una llamada telefónica reprochándole "en tono desafiante, alternada y muy enfadada" haberle contado a presidente de UPU lo ocurrido.

Según la denuncia presentada los hechos pueden ser constitutivo de un delito electoral, que puede ser castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de doce a veinticuatro meses.

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