El gobierno municipal (PSOE) de San Juan del Puerto argumenta que el déficit anual de 450.000 euros que presentan las cuentas del Ayuntamiento le ha obligado a plantear un plan de ajuste que, entre otras medidas, pasa por el despido de buena parte del personal laboral que presta sus servicios en el Consistorio, un colectivo de 44 personas cuyo futuro laboral pende de un hilo.

La alcaldesa, Rocío Cárdenas, reconoce que las medidas de recorte podrían afectar a la plantilla. El coste de personal, argumenta, consume en la actualidad en torno al 70% del presupuesto del Ayuntamiento, lo que deja escaso margen para "realizar políticas y prestar servicios al ciudadano".

La deuda del Consistorio, según los informes de la intervención municipal, ascienden a 5.577.676 euros. De este montante, 2.511.382 euros corresponden a la deuda con proveedores y 3.066.294 a las obligaciones financieras con entidades de crédito.

"Si queremos tener presupuestos sostenibles no quedan más opciones que adoptar recortes en todos los eslabones de la cadena y, cómo último recurso, en la parcela laboral", explica la alcaldesa. Ese ajuste no afectará a los funcionarios, sino a la plantilla de 44 empleados laborales, algunos de los cuales consolidaron sus contratos como indefinidos tras empalmar varios discontinuos.

El equipo de gobierno local asegura, no obstante, que quiere pactar con los sindicatos fórmulas que podrían pasar por la reducción de la jornada laboral y de salarios.

Cárdenas manifesta que "a ningún responsable público le gusta tener que adoptar medidas de este tipo", si bien recuerda que en el otro lado están "autónomos y empresas que precisan cobrar por los trabajos prestados, ya que no es de recibo que los impagos condenen la viabilidad de sociedades que pueden ir a la quiebra por sus servicios a las administración".

La alcaldesa manifiesta que la primera medida de contención del gasto ha recaído en los órganos de gobierno. "El anterior alcalde tenía un coste para las arcas públicas de 58.600 euros anuales una vez incluida la Seguridad Social, mientras que ahora esta cifra baja hasta los 48.000, generando un ahorro de 10.600 euros", explica Cárdenas.

También apunta que la concejala que ejerce como diputada provincial ha renunciado a las asignaciones que le corresponden, a lo que se añade que las asignaciones de los ediles han pasado de 12.000 y 10.000 euros a 4.800 euros, que es "el mínimo que pueden cobrar los concejales con delegación", apostilla.

El ex alcalde, Juan Carlos Duarte (PP), denuncia que "la propuesta del plan elevada al Pleno representa el despido del 30% de la plantilla", una medida que entiende "desproporcionada" por un desfase presupuestario de 450.000 euros, cuantía a la que resta trascendencia.

El hoy portavoz de los populares en la oposición justifica esta situación por "un descenso de los ingresos como consecuencia de la crisis económica", a la vez que se enorgullece de haber materializado en el anterior mandato "más de 1.000 contratos de trabajo y haber trasformado el pueblo".

Duarte afirma que su partido ha realizado "cuatro propuestas para incrementar los ingresos sin gravar fiscalmente a los ciudadanos" y sin despidos. El dirigente popular añade que cuando su partido accedió al gobierno municipal hace cuatro años, también tuvo que afrontar el pago de facturas anteriores, algunas de ellas de 2007.