La factura del agua y la recogida de residuos de los onubenses residentes en municipios gestionados por Giahsa subirá un mínimo de un 27,64% entre el próximo año y 2020. Ese es el coste que tendrá para los usuarios el préstamo suscrito por la Mancomunidad de Municipios de la Provincia de Huelva (MAS) con tres fondos de inversión, un crédito por valor de 89 millones de euros destinado a salvar de la quiebra a la empresa saldando parte de sus deudas y haciendo una importante transferencia de 43 millones a los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad en concepto de pago por la concesión demanial de las redes.

Según las ordenanzas recientemente aprobadas por la empresa que presta el servicio de aguas en la mayor parte de la provincia (65 municipios), las tasas de los servicios de distribución de agua; alcantarillado, depuración y vertidos, y recogida de residuos sólidos urbanos sufrirán progresivos incrementos a lo largo de los próximos años como fórmula "imprescindible para atender los vencimientos de capital e interés de las obligaciones financieras de Giahsa, según resulta del estudio económico de la tasa". Y, a pesar de ligar inicialmente la subida de tarifas al IPC, la empresa instrumental de la MAS establece que "de forma excepcional" entre 2014 y 2020 el importe de las tasas se subirá en un porcentaje mínimo cada año, empezando por un 6% de aumento para 2014. Aunque el incremento de precios del agua podría ser aún mayor, advierte Giahsa, ya que el Pleno de la Mancomunidad podrá decidir subir más los precios "para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para cubrir los costes de los servicios". Sólo se libran de los aumentos establecidos los servicios de agua en alta, después de que Aqualia recurriese la redacción inicial de las ordenanzas.

Con esta subida, que se produce después de un aumento previo de los precios del agua que ha llegado a ser de hasta un 57% en determinados conceptos en el último trienio, la empresa espera cubrir la amortización de un préstamo de 89,2 millones de euros por el que se pagarán 88,2 millones de intereses, a un interés del 11,8%. En total, 177 millones a amortizar hasta el año 2025 en una operación que la propia MAS (en la contestación de las alegaciones de la Federación Onubense de Empresarios) justifica en la necesidad de "hacer frente a diversos costes operativos del servicio, de carácter obligatorio, de tal manera que los compromisos financieros derivados de la formalización de dicho préstamo deben ser necesariamente atendidos con el rendimiento de la tasa". Bajo la denominación de "costes operativos" se esconden dos realidades: la deuda de la empresa y, sobre todo, el pago que se prometió a los ayuntamientos para evitar su huida en desbandada de la Mancomunidad, ante la posibilidad de sacar a concesión la gestión de sus servicios de aguas y que una empresa privada abonase un canon por ello. Una suerte de maná para unos consistorios con dificultades incluso para pagar las nóminas.

En esas circunstancias y tras varias polémicas salidas de ayuntamientos de la MAS, la entidad buscó la concesión de un préstamo bancario para abonar a los municipios una partida en concepto de canon por el uso de las redes de abastecimiento y saneamiento. Al no lograrlo y al borde de la desintegración de la Mancomunidad, aparcó la privatización de la gestión del servicio y optó por el préstamo de los fondos de inversión, que hipoteca la red de aguas.