Inteligencia artificial, algoritmos y poder: cómo las tecnológicas conquistan Washington

El nuevo campo de batalla de la inteligencia artificial no transcurre en laboratorios ni centros de investigación, sino en los pasillos del poder.

Con un gesto aparentemente modesto -pero profundamente revelador-, OpenAI ha ofrecido su sistema ChatGPT Enterprise a todas las agencias del ejecutivo estadounidense por un precio simbólico: un dólar. Un movimiento que trasciende cualquier lógica comercial convencional para adentrarse en territorio geopolítico.

Lo que podría interpretarse como una maniobra de penetración de mercado es, en realidad, una apuesta estratégica por conquistar el mayor aparato burocrático del planeta.

No está en juego un contrato de escaso valor económico, sino la llave de entrada al corazón del Estado norteamericano y, con él, la posibilidad de convertirse en el proveedor de referencia de su infraestructura algorítmica del futuro.

El reconocimiento oficial de una nueva realidad

El contrato, avalado por la Administración de Servicios Generales (GSA), permite que las agencias federales accedan de forma prácticamente gratuita a las herramientas más avanzadas de OpenAI durante un año completo.

Este gesto marca un cambio político profundo: el reconocimiento oficial de que la inteligencia artificial ha dejado de ser un experimento para convertirse en infraestructura crítica que debe integrarse en los engranajes fundamentales del sector público.

La decisión no surge en el vacío. Se enmarca en el Plan de acción sobre IA de la administración Trump, una ambiciosa hoja de ruta que aspira a hacer de la inteligencia artificial una herramienta transversal para rediseñar desde sus cimientos la administración pública estadounidense.

La carrera de los gigantes tecnológicos

OpenAI ha sido la primera en capitalizar esta oportunidad histórica, pero no está sola en la contienda.

La GSA ha incorporado simultáneamente a Google y Anthropic como proveedores oficiales, habilitando la compra directa de sus modelos -Gemini y Claude, respectivamente- por parte de todo el aparato burocrático federal.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Anthropic prepara una oferta espejo: su modelo Claude también podría ofrecerse por un dólar, aunque el acuerdo aún no se ha formalizado oficialmente.

La empresa, no obstante, juega una carta estratégica diferenciadora: Claude Gov, una versión diseñada específicamente para entornos de alta sensibilidad, ya se encuentra en fase de pruebas en agencias vinculadas directamente a la seguridad nacional.

Google, más discreta pero igualmente presente, ha adoptado un enfoque distinto. En lugar de competir únicamente por el precio simbólico, ha optado por descuentos sustanciales en su infraestructura cloud y en sus herramientas colaborativas con funciones de IA integradas, como Gemini o NotebookLM.

A través de un acuerdo específico con la GSA, Google ofrece una rebaja del 71% en su suite Workspace para organismos federales. Es una propuesta pragmática, pensada para insertarse en ecosistemas tecnológicos ya consolidados.

Amazon y la dimensión de la infraestructura

Todos estos contratos se enmarcan en el programa OneGov, una iniciativa de la GSA destinada a consolidar y racionalizar la adquisición de soluciones tecnológicas en toda la estructura federal.

En ese mismo programa se inscribe otro convenio anunciado paralelamente: Amazon ha comprometido 1.000 millones de dólares en créditos de su plataforma Amazon Web Services.

El acuerdo con AWS permitirá a las agencias gubernamentales acceder a descuentos significativos en servicios de computación en la nube, créditos específicos para modernizar infraestructuras tecnológicas obsoletas y programas integrales de formación y certificación profesional para su personal técnico. La magnitud del compromiso revela la dimensión real de la transformación en curso.

El Pentágono entra en escena

Paralelamente, el Departamento de Defensa ha adjudicado contratos de hasta 200 millones de dólares a estas tres compañías -incorporando también a xAI, la firma de Elon Musk- para explorar aplicaciones específicas de IA en defensa, inteligencia, logística y gestión institucional.

Se trata, en la práctica, de una carrera abierta por demostrar cuál de estas corporaciones puede convertirse en socio estratégico del Estado en un escenario geopolítico crecientemente definido por la automatización, la seguridad digital y la supremacía algorítmica.

El tablero geopolítico global

Lo que Estados Unidos diseña, el resto del mundo lo estudia con atención. China, que lleva años invirtiendo de forma sistemática en IA estatal con compañías como Baidu, iFlytek o Huawei, mantiene un modelo rigurosamente centralizado donde la tecnología funciona como extensión directa del poder político. Sus algoritmos no negocian con el Estado: son el Estado.

Europa, en cambio, se ha decantado por un enfoque prioritariamente regulador. La reciente Ley de Inteligencia Artificial de la UE pone el énfasis en el control democrático y en establecer límites precisos al uso de sistemas automatizados en entornos sensibles. La aproximación europea privilegia la supervisión sobre la velocidad de adopción.

Frente a esas dos concepciones antagónicas, Estados Unidos parece estar forjando una tercera vía: delegar la innovación tecnológica al sector privado, pero integrarla con urgencia estratégica en el aparato público. Un híbrido público-privado que aspira a combinar la agilidad empresarial con la escala gubernamental.

Los riesgos de la simbiosis público-privada

Esta alianza entre gigantes tecnológicos y Estado, que en décadas anteriores habría generado debates intensos sobre concentración de poder y transparencia democrática, se presenta ahora como solución pragmática ante la urgencia geopolítica. Sin embargo, no está exenta de riesgos sistémicos significativos.

Las decisiones que se adopten en Washington sobre qué modelos algorítmicos utilizar, cómo supervisar su funcionamiento y qué datos permitir que procesen no solo definirán el futuro inmediato de la administración estadounidense.

Establecerán precedentes que influirán decisivamente en el equilibrio global del desarrollo de la inteligencia artificial y en las relaciones de poder entre democracias, regímenes autoritarios y corporaciones transnacionales.

Las preguntas de fondo

La cuestión central trasciende lo meramente tecnológico para adentrarse en territorio político: ¿quién diseñará los algoritmos que regirán el funcionamiento cotidiano del Estado?

¿Qué papel real conservarán los gobiernos democráticos frente a empresas privadas que innovan con una velocidad que los mecanismos de control público no pueden seguir?

¿Cómo afectará esta simbiosis al equilibrio de fuerzas entre democracias occidentales, potencias autoritarias y corporaciones que operan más allá de fronteras nacionales?

En definitiva: ¿quién controlará realmente la infraestructura algorítmica del Estado del siglo XXI? ¿Y bajo qué garantías democráticas operará?

El punto de inflexión

La respuesta permanece en construcción, pero el acuerdo de OpenAI marca un punto de inflexión puede que histórico.

No se trata únicamente de desplegar sistemas de inteligencia artificial en la administración pública: se trata de decidir quién define las reglas fundamentales del juego en un momento crucial en que los algoritmos no solo interpretan la realidad, sino que comienzan a gobernarla de manera efectiva.

El dólar simbólico de OpenAI puede resultar, a la postre, la inversión más rentable de la historia de la tecnología.

No por su retorno económico inmediato, sino por haber comprado una posición privilegiada en la arquitectura del poder del futuro.