Obesidad, mujeres y desigualdad social

Durante años hemos hablado de obesidad como si fuera, ante todo, una cuestión de decisiones personales: qué se come, cuánto se camina o cuánta fuerza de voluntad se tiene. Desde la salud pública sabemos, sin embargo, que esa mirada es incompleta y, en muchos casos, injusta. La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, profundamente condicionada por los determinantes sociales de la salud. Y cuando se incorpora la perspectiva de género, el problema adquiere una dimensión aún más clara.

Las mujeres no solo presentan trayectorias diferentes de obesidad a lo largo de la vida, sino que sufren un impacto desigual en términos de salud, estigma, acceso al diagnóstico y consecuencias sociales y laborales. La obesidad no actúa en el vacío: se superpone a desigualdades ya existentes y contribuye a reforzarlas.

En España, cerca del 20% de la población adulta vive con obesidad, pero estas cifras no se distribuyen de forma homogénea. Las prevalencias más altas se concentran en entornos socioeconómicos desfavorecidos y afectan de manera especial a las mujeres con menor nivel educativo y renta. En este sentido, la obesidad no es solo un problema sanitario, sino también un reflejo estructural de cómo se reparten las oportunidades de vivir de forma saludable.

Un riesgo que se acumula a lo largo de la vida

En las mujeres, el riesgo de obesidad se ve influenciado por factores biológicos específicos, embarazo, menopausia, cambios hormonales, pero su impacto no puede entenderse sin el contexto social en el que se producen. La mayor carga de cuidados, la peor conciliación laboral, el menor tiempo disponible para el autocuidado y una mayor precariedad económica configuran trayectorias vitales que condicionan la alimentación, la actividad física, el descanso y, en definitiva, la salud.

La obesidad femenina se asocia, además, a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, determinados cánceres, problemas musculoesqueléticos y trastornos de salud mental. Sin embargo, estos riesgos no siempre se detectan ni se abordan de forma temprana, en parte por la persistencia de sesgos de género en la atención sanitaria.

El papel del estigma

Uno de los factores más dañinos asociados a la obesidad es el estigma social, especialmente intenso en el caso de las mujeres. La presión estética, la culpabilización constante y el juicio social no solo afectan a la autoestima, sino que interfieren directamente en la relación con el sistema sanitario.

Muchas mujeres retrasan la consulta por miedo a ser juzgadas, minimizan síntomas o reciben mensajes reduccionistas centrados exclusivamente en el peso, sin una valoración integral de su situación clínica y social. Las consecuencias son conocidas: peor salud mental, mayor aislamiento social y peores resultados en salud. Combatir la obesidad sin combatir el estigma no solo es ineficaz; es profundamente injusto.

Más allá de la responsabilidad individual

La obesidad no se revierte con mensajes simplistas ni con recomendaciones individuales descontextualizadas. La experiencia acumulada muestra que los avances sostenidos se producen cuando se actúa sobre los entornos: el acceso a alimentos saludables, el diseño de las ciudades, el transporte, las condiciones laborales, la protección social y una atención primaria fuerte y cercana.

Incorporar la perspectiva de género en estas políticas no es un añadido ideológico, sino una condición necesaria para que funcionen. Implica diseñar intervenciones que tengan en cuenta las condiciones reales de vida de las mujeres, su carga de cuidados, su situación laboral y su acceso efectivo a recursos. Implica también formar a los profesionales sanitarios para evitar sesgos y ofrecer abordajes personalizados y multidisciplinares.

Cuando el lugar donde se vive también importa

En Andalucía, esta reflexión resulta especialmente pertinente. Nuestra comunidad presenta prevalencias elevadas de obesidad estrechamente vinculadas a la desigualdad social y territorial. El lugar donde se vive importa: barrios con menos espacios verdes, peor transporte público o una oferta alimentaria dominada por productos baratos y poco saludables generan condiciones que dificultan, día a día, cuidar la salud.

Las mujeres andaluzas afrontan además una combinación especialmente pesada: mayor precariedad laboral, mayor carga de cuidados no remunerados y menos margen para el autocuidado. En este contexto, reducir la obesidad no puede depender solo del esfuerzo individual. Requiere políticas públicas que entiendan la salud como un fenómeno social y colectivo, y que incorporen de forma real la perspectiva de género.

La obesidad es uno de los espejos más claros de cómo las desigualdades de género atraviesan la salud. Reconocerlo no es un gesto académico, sino un compromiso con la equidad y con la construcción de un sistema sanitario más justo, humano y eficaz.