El alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, ha remitido una carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, en la que le comunica que la situación de la agricultura en la localidad es “dramática” tras el cierre en la madrugada del pasado domingo por parte de CHG de 17 de los 77 pozos ilegales ubicados en monte público, y en la que le pide que tramite, “por procedimiento de urgencia, la concesión en precario de agua superficial”.

En la misiva expone que la situación tras el cierre de pozos, puede calificarse de “dramática con seis explotaciones que han perdido el 90% del agua que gestionaban y 68,96 hectáreas que se perderán seguro si la llegada de aguas superficiales no lo remedia”.

Mora ha explicado que con las elevadas temperaturas actuales, con medias de 24 grados y una amplitud térmica entre 19 y 34 grados, “las posibilidades de supervivencia sin agua de los cultivos es nula y no alcanzarán a más de tres o cuatro días, en el mejor de los casos”.

Las explotaciones afectadas no son ilegales, ya que han sido calificadas como de regadío por el Plan de la Corona Norte y han pasado el Diagnóstico de Impacto Ambiental

El número de trabajadores de estas explotaciones supera los 1.300 anuales (además de los indirectos), 300 de ellos actualmente en alta en las labores de mantenimiento, poda y preparación de terrenos, “que acabarán engordando las listas del paro en breve, en unos días, si la llegada de aguas superficiales no lo remedia”.

Mora ha asegurado que el coste estimado de siembra de estas hectáreas, fundamentalmente de arándanos y frambuesas, “supera los 1.379.200 euros, con un coste de explotación que multiplica por cinco o seis esa cantidad y la inversión se perdería entera, de un plumazo, y sin remisión, en dos o tres días, y como quiera que una parte importante del dinero invertido procede del crédito, no sólo redundaría en la ruina de estas explotaciones, sino que afectaría a las familias al arrastrar las garantías hipotecarias y el ahorro acumulado durante años”.

El alcalde ha destacado que “las explotaciones afectadas no son explotaciones ilegales, ilegales son los pozos, dado que todas ellas, han sido calificadas como de regadío por el Plan de la Corona Norte y han pasado el Diagnóstico de Impacto Ambiental, lo que las hace regables”.

Añade que estas explotaciones, que forman parte de las 318 hectáreas recientemente calificadas, “tendrían ya el agua superficial sino se hubiesen producido los errores que retrasaron su calificación y la tardanza administrativa o, dicho de otra manera, estas hectáreas poseen todos los requisitos legales para recibir el agua de regadío y deberían estar regando ya, sino fuera por los problemas administrativos”.