Los regantes de Lucena del Puerto esperan ya la llegada de agua superficial procedente del trasvase de 1,6 hectómetros cúbicos de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir tras el sellado de los pozos agrícolas.

Los afectados, a través de la Asociación de Agricultores del Condado (AACO), solicitan al Gobierno central la ejecución de la transferencia de agua de forma inmediata para que puedan disponer del recurso hídrico cuando comience la campaña de plantación de los frutos rojos.

Los agricultores entienden que el trasvase, que cuenta ya con la autorización de la Junta de Andalucía, es necesario y fundamental para permitir la llegada de agua a 318 hectáreas, que son regables y cuya obra para hacerles llegar este recurso se realizó en 2015.

Los agricultores aseguran que la acción de la clausura de los pozos, “con premeditación y alevosía”, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) obedece a la actitud “prepotente” de su presidente, Joaquín Páez, que no ha esperado a la llegada de agua a la zona para cerrar las captaciones subterráneas.Según la AACO “podían haber aguardado” al otoño que es cuando tiene que ser efectivo las trasferencia de los 1,6 hectómetros cúbicos al Condado y que servirán para regar, precisamente, la superficie a la que alcanzaban los pozos sellados.

Quedan por clausurar sesenta extracciones de agua subterráneas consideradas ilegales

La AACO considera que han sido “perseguidos como a criminales” por el hecho de defender su necesidad de usar agua para unas tierras que llevan cultivando desde hace décadas.

Técnicos de la CHG, escoltados por más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, procedieron en la madrugada del domingo al cierre de 17 de los 77 pozos que han de clausurarse en el municipios de Lucena del puerto por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ordenaba hacerlo al Ayuntamiento de la localidad o subsidiariamente al organismo de la cuenca. Del total, 66 pozos están situados en el paraje El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín.

La Confederación inició el sellado de pozos en el entorno de Doñana el pasado mes de junio en una finca del entorno de La Cañada, en el término municipal de Almonte, propiedad de una empresa agroalimentaria.

La actuación de clausura de extracciones subterráneas llevada a cabo el pasado fin de semana se produjo en el paraje de El Gago. Los afectados han denunciado el estado en el que han dejado los técnicos de la CHG la zona de El Gago tras su actuación con cables cortados, cuadros eléctricos abiertos con corriente, con el peligro que ello representa para el entorno.

Agricultores y vecinos de Lucena del Puerto impidieron el pasado 24 de junio el cierre de pozos de agua para riego, considerados ilegales, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se disponía a sellar como había anunciado.

Desde primeras horas de la mañana cientos de personas se concentraron en varios puntos del camino agropecuario Santa Catalina a la espera de la llegada de los técnicos de la CHG, acompañados por la Guardia Civil.

Los productores de frutos rojos habían convocado una concentración espontánea en la zona de El Gago, a la que acudieron cientos de vecinos, trabajadores del campo, comerciantes, que cerraron sus negocios, y agricultores de otros municipios colindantes para obstaculizar los trabajos por parte de los técnicos del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que acudieron a la zona acompañados por un buen número de agentes del Instituto Armado.

Los concentrados no permitieron el paso de técnicos y agentes al lugar previsto con un corte en el camino agropecuario. Así permanecieron durante varias horas hasta que los encargado de cerrar los pozos desistieron y abandonaron la zona.

Una de las extracciones de agua clausuradas en El Gago.

Los regantes acordaron ese establecer un dispositivo de vigilancia, durante las 24 horas, para evitar la clausura de los sondeos. Desde entonces agricultores y vecinos, por turnos, han venido realizando las labores de observación, si bien finalmente no han podido hacerlo.

Durante más de un mes de movilizaciones y protestas de los agricultores han estado oteando el horizonte a sabiendas, en parte, que no iba a servir de mucho y que en un momento determinado se iba a ejecutarla sentencia. Así, tras la actuación del sábado los agricultores han decidido poner fin a estos apostaderos. Además, algunos de ellos (unos quince) han empezando a recibir denuncias por vía penal.

Con la clausura de los 17 sondeos quedan aún otros 60 ilegales activos en la zona, si bien los primeros son los que realizan la mayor extracción de agua, aunque el caudal es pequeño, según los agricultores.

Los regantes han supeditado desde el inicio el cierre de las extracciones a la llegada de agua al Condado procedente del trasvase desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Gualdaquivir aprobado por el Gobierno central.

Los agricultores reiteran que son los primeros interesados en que se cierren los pozos y por eso “llevan reclamando agua superficial desde hace décadas”. Aseguran que la propia Junta de Andalucía incentivó los regadíos en el Condado a través de subvenciones para el cultivo y la modernización de fincas y que los pozos fueron permitidos.