La tijera llega al empleo público

En medio del tsunami de la crisis los alcaldes han comenzado denodadamente a buscar cómo cuadrar presupuestos y poner a dieta unos gastos que contengan la espiral de déficit que ha puesto en jaque la viabilidad de las propias instituciones. Acuciados por las deudas y la imposibilidad de financiar el gasto mediante nuevas operaciones de crédito, e incluso, en algunos casos, instados desde las instancias judiciales, la mayor parte de los ayuntamientos se encuentran inmersos en el desarrollo de planes de austeridad y ahorro que, por primera vez, plantean abiertamente la posibilidad de poner en marcha ERE.

Aunque hasta ahora los puestos de trabajo de los empleados públicos se han visto salvaguardados, la situación ha comenzado a virar. Si en la pasada legislatura sólo Escacena emprendió un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, este año son muchos los que sopesan tal posibilidad. El primero en emprender esta medida ha sido Aljaraque, cuyo gobierno ha puesto sobre la mesa un ERTE para la empresa municipal del suelo Gesa, el cual afectará a 41 trabajadores que durante un año verán reducida su jornada laboral en un 50%, mientras que, en contraprestación, se evitarán los traumáticos despidos. Igualmente se está negociando hacer extensible esta medida al Patronato Municipal de Deportes, mientras se adeudan más 700.000 euros a una plantilla cercana a los 450 efectivos.

Para rebajar el capítulo uno de los presupuestos (gasto de personal), ayuntamientos como Valverde del Camino no han renovado 12 contratos laborales, mientras que con otros se negocia la jubilación y prejubilación. En Lepe el PSOE ya ha criticado que el alcalde popular prescinda del 20% de la plantilla, lo que se traduce en que "más de 100 personas" irán a la calle. Bollullos fue pionero en estas medidas y en 2009 se despidieron de forma improcedente a 30 trabajadores que, tras la readmisión mediante sentencia judicial en firme, no fueron renovados una vez se les expiró el contrato, adeudándoseles todavía la mayor parte de sus nóminas.

En Isla Cristina de momento no se ha anunciado ningún recorte en este ámbito, si bien sus 500 trabajadores ya han recibido el cien por cien de sus nóminas, según fuentes municipales. En Cartaya los impagos corresponden al salario del mes de agosto y la extra de junio y afectan a 250 personas. No son pocos las voces que tachan la situación de insostenible e incluso desde la oposición la portavoz de UPyD, Carmen García, ha propuesto la aplicación de un ERE negociado como "la mejor forma para regularizar una situación cuya única salida está en la realización de ajustes laborales de todo tipo".

No es de extrañar, por tanto, que este tipo de medidas amenacen con extenderse de forma inmisericorde, aunque algunas corporaciones pretenden postergar cualquier tipo de acción anti social hasta después de las elecciones generales.

Lo cierto es que el incremento de la plantilla municipal al calor de los ingresos que generó el ladrillo representa un enorme lastre en términos estrictamente contables. Sin ese maná los ingresos han caído a plomo, mientras que los gastos se mantienen inalterados e incluso con ligeras subidas por el efecto del IPC.

El único alcalde que hasta ahora se ha atrevido a afirmar públicamente que tiene una plantilla "desmesurada y atomizada" ha sido el de Bollullos, Francisco Díaz, si bien extraoficialmente son muchos los dirigentes (indistintamente de su ideología) que comparten esta tesis, políticamente incorrecta, de reconocer que gestionan una administración sobredimensionada.

Previamente a estos despidos los municipios que más gastaban en personal en la provincia eran, por este orden: Lepe, Almonte e Isla Cristina, seguidos de Aljaraque, Punta Umbría y Ayamonte, según se desprende de los últimos presupuestos.

El análisis resulta evidente: aparte de la población, el gasto se disparó en mayor proporción en aquellas urbes en las que el ladrillo tuvo un mayor crecimiento. Despojados ahora de los ingresos que reportaba el sector inmobiliario, el descuadre entre ingresos y gastos se acrecienta, reajustándose en los últimos años a base de incrementar la deuda y el déficit financiero, como refrenda el constante incremento de la deuda viva con entidades de crédito. A ello cabe sumar operaciones como las que ejecutó en su día municipios como Almonte, que postergó las deudas con proveedores; tal y como se hizo con Urbaser, con quien se suscribió una operación de crédito para fraccionar el pago de cinco millones de euros, si bien ello acarreará un coste financiero de dos millones.

Como propósito de enmienda, la mayor parte de los ayuntamientos se han comprometido a desarrollar planes de saneamientos que cuadren unas cuentas municipales que hacen aguas, y donde el gasto de personal ahoga cualquier margen de maniobra. El primero hacer públicas sus medidas ha sido Bollullos, quien ha optado por un Plan que garantizará los derechos laborales de la plantilla y que mantendrá los gastos, por este concepto y durante el próximo lustro, en 5.735.880 euros anuales. La contrapartida vendrá determinada por el compromiso de gastar 0 euros en inversiones y no recurrir a nuevas operaciones de crédito.

Grosso modo se confía los nuevos ingresos a un aumento de la presión impositiva, dado que los gastos de personal consumieron en el último ejercicio prácticamente el 70% de los ingresos, que sumados a los gastos financieros arrojan un margen de maniobra prácticamente nulo.

El alcalde de Rociana, el socialista Amaro Huelva, reconoce que se encuentran inmersos en el desarrollo de un plan de contención del gasto, si bien disipa dudas alegando que el mantenimiento del empleo municipal "esta garantizado", por lo que la tijera entrará de lleno sólo a parcelas como contrataciones externas, comunicaciones o ahorro energético.

Algunos dirigentes municipales se sinceran y oficialmente reconocen que un Expediente de Regulación Temporal de Empleo del mismo corte al que se llevó a cabo Escacena (único municipio que hasta el momento ha puesto en marcha en la provincia una medida de tal calibre), sería la "única manera de sanear las cuentas" sin comprometer el compromiso social ni las inversiones. Sin embargo, nadie quiere asumir el coste electoral que puede acarrear esta medida y menos aun "ponerse en contra" a los funcionarios y personal laboral.

La alcaldesa socialista, Eva Salazar, lideró esta medida que despertó el interés de ayuntamientos de toda la geografía española por cómo se recondujeron unas negociaciones que contaron con el respaldo de sindicatos y la propia Junta de Andalucía. Sin embargo, la respuesta en las urnas no fue generosa con esta comprometida apuesta que pretendía hacer frente a las deudas con los organismos estatales y poder optar a subvenciones con el fin de romper el bucle de que los ingresos se consumiesen únicamente en el pago de nóminas.

Dicho ERTE, que afectó a la totalidad de los 19 trabajadores de personal laboral fijo, tenía como corpus la rebaja del 50% de la jornada laboral, si bien según la propia Salazar "gracias a contraprestaciones como el cobro proporcional del desempleo los emolumentos de la plantilla alcanzaban el 80%, a pesar de que trabajan la mitad que antes".

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