El aumento en las costas de Huelva de la actividad delictiva relacionada con el narcotráfico es una realidad. Y aunque es difícilmente constatable con datos globales por la lógica discreción en el tratamiento de la información por parte de quienes tienen la responsabilidad de luchar contra la misma, su incremento es evidente solo teniendo en cuenta el goteo casi diario que se viene produciendo desde hace varios años en el litoral onubense en cuanto a operaciones policiales, detenciones, desmantelamiento de bandas criminales organizadas o incautación de sustancias estupefacientes, especialmente de hachís procedente de Marruecos.

Huelva Información ha tenido en este sentido acceso a datos reveladores, ya que fuentes judiciales han precisado a esta redacción que en la provincia de Huelva fue intervenido un tercio del hachís incautado a lo largo de 2021 en toda España por la Agencia Tributaria a través de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), organismo que según las mismas fuentes ha multiplicado por 2,5 las aprehensiones de esta misma sustancia estupefaciente en el litoral onubense en los dos o tres últimos años.

Este incremento de la actividad delictiva relacionada con el narcotráfico en la provincia de Huelva, especialmente en la costa occidental y sobre todo en municipios como Ayamonte, Isla Cristina, Lepe o Cartaya, también está teniendo un claro reflejo en los juzgados de Ayamonte, donde recaen la mayor parte de los casos e investigaciones.

Así, según ha indicado a este periódico Estefanía Vázquez, delegada de Justicia del sindicato CSIF en Huelva, la carga de trabajo en esta sede judicial ha aumentado en los tres últimos años entre un 30 y un 40 por ciento por cuestiones derivadas directamente de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha obligado a que cada uno de sus cinco juzgados haya tenido que incorporar recientemente una persona de refuerzo.

Juzgados de Ayamonte

Según prosigue, cada uno de estos cinco juzgados está de guardia una semana, por lo que al que le toca tiene que hacerse cargo de las detenciones y casos rutinarios que por narcotráfico se producen en cada momento. Una actividad que, según Vázquez, funciona de forma "relativamente normal".

El problema, prosigue, llega con el aumento de investigaciones y operaciones especiales que contra el narcotráfico se vienen produciendo desde hace ya dos o tres años por el incremento de la presión contra esta actividad delictiva, a su vez directamente relacionada con la puesta en marcha de nuevos grupos especiales expresamente creados para ello dentro de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).

Dicha actividad conlleva, añade, numerosas órdenes de entrada y registro, seguimiento de sospechosos, balizamiento de vehículos, investigación de cuentas corrientes o pinchazos telefónicos, entre otras muchas tareas, con la ingente carga de trabajo administrativo que ello supone, sobre todo teniendo en cuenta que de prácticamente todas siempre se hace cargo el mismo juzgado. Y a todo ello se suman los casos habituales de cada juzgado.

La guerra contra el narcotráfico se ha extendido desde el Campo de Gibraltar a Huelva

Todo esto se traduce, en palabras de la delegada sindical, un "cóctel molotov" que, para los jueces y resto de funcionarios de justicia, además de para el único fiscal antidroga con que cuenta la provincia de Huelva, a quienes les resulta "imposible realizar el trabajo durante el horario laboral habitual, por lo que hay veces en que las jornadas se alargan hasta la media noche".

También por tal motivo, añade, "hay compañeros que han solicitado cambios de destino a otros juzgados al no poder con la presión que supone este aumento de la carga de trabajo".

Otro elemento a tener en cuenta, prosigue Estefanía Vázquez, es que atender el Partido Judicial de Ayamonte es cada vez es más complicado por contar con municipios donde la conflictividad tiende a aumentar, como sucede sobre todo en Lepe, Isla Cristina, Cartaya o la propia Ayamonte, lo que ha motivado la creación de un nuevo juzgado, el número 6, que entrará en funcionamiento a partir del año 2023.

Un avance que, según la delegada de Justicia de CSIF en Huelva, "aliviará un poco la situación sin llegar a ser la solución al problema", la cual a su juicio pasa por una "separación de jurisdicciones en la sede judicial de Ayamonte", con vistas a que cada uno de los juzgados que la integran "se especialice en asuntos distintos como penal, instrucción o civil".