La reunión convocada por la Asociación de Agricultores del Condado Onubense (AACO) en el centro cívico de Lucena del Puerto con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado para abordar la problemática del agua en las explotaciones tras el sellado de pozos ilegales concluyó ayer sin acuerdo entre las partes. Así, se descarta por el momento cualquier acción o movilización conjunta del sector de cara a sus reivindicaciones.

Así lo puso de manifiesto en declaraciones a Europa Press el presidente de la AACO, Vicente Ojuelos, quien destacó que el encuentro se produjo este miércoles en Lucena del Puerto y duró unas dos horas. No obstante, lamentó que finalmente no se haya producido el acercamiento de posturas que esperaba, de manera que el sector sigue “dividido”.

Ojuelos explicó que desde la Plataforma de Regantes del Condado les han indicado que tienen previsto encuentros con la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir y abogaban por tanto por esperar a estos encuentros antes de concretar y pronunciarse sobre la movilización planteada por la AACO para septiembre. El presidente de la AACO incidió en que su asociación ha decidido esperar unas semanas antes de volver a reunirse, valorar los hechos que acontezcan hasta esa fecha y ya después concretar, si procede, movilizaciones ante una situación “crítica”.

A su juicio, “dada la gravedad” de la coyuntura, el sector debería tener una postura más beligerante y de presión al objeto de conseguir el agua en precario que necesitan sus plantaciones. No obstante, tras este encuentro, determinaron que más adelante abordarán de nuevo todo y se pronunciarán sobre la realización o no de movilizaciones.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, gobernado por el independiente Manuel Mora, dirigió sendas cartas a la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y al delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, para pedirles su mediación ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por la situación en el municipio ante el sellado de pozos ilegales. En concreto, desde el Consistorio remarcaron que “las pérdidas globales estimadas rondan los 6,5 millones de euros y más de 1.300 empleos”.