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La regulación de la Corona Norte de Doñana convierte “una deuda histórica” en una herida abierta

Vista aérea de explotaciones freseras de la provincia de Huelva rodeadas de pinares no declarados como zonas de regadío y cultivables.

Vista aérea de explotaciones freseras de la provincia de Huelva rodeadas de pinares no declarados como zonas de regadío y cultivables. / Antonio Pizarro

La aprobación en el parlamento de Andalucía de una proposición de ley que regule los regadíos que quedaron fuera de la última reforma de la Corona Norte de Doñana ha abierto la caja de los truenos. Con el ruido político a las puertas de una campaña autonómica como banda sonora, ecologistas y agricultores se ven inmersos en un fuego cruzado en el que “falta información y se utiliza Doñana de forma interesada para llamar la atención en Madrid y Bruselas de forma injusta con los agricultores, a los que se nos criminaliza y nadie nos da voz”, sostienen los afectados. La problemática surge por la decisión política de regular alrededor de 800 hectáreas de uso tradicional como regadío desde hace décadas pero que quedaron fuera de la última que se cerró en 2014 tomando como referencia 2004. “No son ni 1.200 ni 2.000. Son 800 y llevan décadas cultivándose. No se va a incrementar ni un metro cuadrado de regadíos en el Condado de Huelva más de los que ha existido”.

El presidente de Asaja, José Luis García-Palacios, sostiene que “no hay reforma como tal del Plan de la Corona Norte sino el cierre del mismo que en su momento no se hizo, dejando unas 800 hectáreas fuera de forma incomprensible”. La reforma anterior generó “un limbo legal para esas fincas y dibujó un escenario que no se ajusta a la realidad”. La asociación reclama “seguridad jurídica para nuestros agricultores y acabe de una vez una situación injusta”. En la misma línea se muestra el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora. La localidad es uno de los cinco municipios afectados junto a Bonares, Rociana del Condado, Almonte y Moguer. Mora insiste en que “no se reforma nada, sino que se monta un cirio por una reclamación mantenemos desde 2007 y con la que se incluyen fincas con derechos históricos que se dejaron fuera por criterios administrativos insostenibles”. Recuerda además que “en 2014 nos hicieron firma la reforma de la Corona Norte como un trágala. O aceptábamos o nos quedábamos sin agua”. Desde entonces el problema está por resolver.

Según explican los agricultores, la regulación de 2014 que debía marcar los límites de la expansión del regadío en el Condado de Huelva utilizó como medida imágenes por satélite que identificaban qué zonas estaban en uso y aquellas que no. Las que en ese momento “se encontraban en rotación o simplemente eran parcelas que estaban vacías por cultivos que en ese momento no estaban en campaña como la frambuesa no aparecían y se les consideró secano”. Son esas tierras “las que regula esta nueva proposición de ley, ni un metro cuadrado más”. “Es injusto que no se admitiesen esas tierras cuando tenemos documentos que podemos aportar para demostrar que han sido de cultivo desde hace décadas y no ceñirse solo a imágenes aéreas de un momento en concreto”, mantiene Mora. El alcalde de Lucena señala además al PSOE “porque no cumplió lo que prometió en su momento que era arreglar esas hectáreas que se quedaron fuera. Debe entonar el mea culpa y ayudar a resolverlo de una vez”.

El plan fijó como regadío las parcelas a través de vistas aéreas y dejó en el limbo las no identificadas

UPA Huelva insiste en que la proposición de ley resuelve “un error que nunca se llegó a solucionar y que dejó en un limbo a pequeñas explotaciones que pasaron de regadío a secano de la noche a la mañana”. Esta situación ha llevado a estas pequeñas explotaciones familiares (con ayudas de la Junta de Andalucía de incorporación de jóvenes concedidas en muchas de ellas) a tener “problemas judiciales muy serios que ponen en tela de juicio su subsistencia y su solvencia económica”. “Esto es importante tenerlo en cuenta porque el problema tiene nombres y apellidos de familias que históricamente han tenido por medio de vida la agricultura, residen y generan fijación de población al territorio del Condado de Huelva”, añade.

Doñana es un espacio de valor universal, un tesoro de Huelva cuya supervivencia debe quedar fuera de cualquier debate “y nadie tiene más interés en que sea así que nosotros mismos, que vivimos aquí, nos hemos criado alrededor del parque lo valoramos como nuestro que es”, sostiene Romualdo Macías, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. El planteamiento cuenta el respaldo de Freshuelva, la asociación que agrupa a los productores de frutos rojos onubenses. El presidente de Asaja denuncia además que “todo el ruido y el alarmismo demagogo que se hace utilizando el valor de Doñana solo sirve para que la constricción de las administraciones”.

La problemática afecta a unas 250 familias y pequeños empresarios del Condado onubense

La regulación de la Corona Norte persigue “incluir dentro de la legalidad 800 hectáreas cultivadas desde los años 60 en algunos casos o antes incluso pero que cuando se aplicó el plan de regulación de 2014 quedaron fuera de una foto fija que se utilizó en ese momento. Se quedaron fuera por una injusticia”. Asaja recuerda además que “son fincas que en estos momentos no se cultivan porque las dejaron fuera, que están pendientes del agua superficial que no llega. Nosotros defendemos el regadío ordenado”.

Cuando se aprueba ese plan de 2014 con carácter retroactivo, los agricultores presentaron 5.000 alegaciones para resolver todas estas incidencias “pero no respondieron a ninguna y se generó el problema que ahora hay que resolver”. La problemática afecta a “unas 250 familias con explotaciones pequeñas de cuatro o cinco hectáreas. Aquí no hay multinacionales, millonarios ni intereses de ningún tipo. Somos los primeros que queremos salvar Doñana y la naturaleza del Condado porque vivimos en él, pero no podemos consentir que se nos acuse de lo que no es desde Madrid por gente que no ha pisado la provincia ni lo va a hacer”. Por ello, invita a “visitar el Condado, salir del despacho y conocer la agricultura onubense que es la más avanzada en aprovechamiento del agua y sostenibilidad de España”. Esas 800 hectáreas “son un porcentaje mínimo de las 13.000 que hay en explotación en estos momentos en la provincia”, recuerda García-Palacios, quien lamenta que “se está criminalizando a nuestra agricultura, que es un sector ejemplar y básico para la provincia, a través de mensajes envenenados”. El alcalde de Lucena considera al regadío onubense como “la agricultura más sostenible de Europa. Hay fuertes lobbies de presión que están utilizando la marca Doñana para ir contra nosotros cuando somos lo primeros que queremos que sea sostenible, que sea un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos”.

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