El puente de La Canaliega será derribado para cumplir la DIA

El puente de la Canaliega, que comunica la aldea de El Rocío con Matalascañas, será derribado. No cabe indulto alguno. Así de contundente se mostró el equipo de Gobierno (PSOE) el pasado pleno tras incidir en que tratar de sortear la obligación de demoler la infraestructura implicaría "prevaricar", al incumplir de facto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Este fue uno de los temas más controvertidos abordados en el Pleno municipal, al que no asistió uno de los grupos de la cámara, en concreto IU.

El PP elevó una moción en la reclamó a la Junta la apertura de los antiguos accesos Norte y Sur de la aldea de El Rocío, así como la modificación de la DIA.

En el debate los populares censuraron que la Junta de Andalucía haya optado por la solución "más barata y que menos seguridad ofrece al denso tráfico de vehículos que circulan diariamente por la carretera". El ex alcalde, José Antonio Domínguez, tachó de "chapuza" las dos rotondas y apuntó que ocho años después de la redacción de la DIA se hace innecesario proceder a su derribo. Por el contrario, propuso retranquear la exclusa del arroyo y construir un paso elevado para mantener un acceso directo desde Matalascañas a la aldea.

El portavoz popular hizo suyo los argumentos de la Asociación de Vecinos de la Aldea de El Rocío que unos días antes criticó en una nota de prensa que la construcción de una rotonda al mismo nivel que el cruce conllevará una mayor retención y un obstáculo que generará un grave problema de seguridad". El presidente de este colectivo, Juan Alfonso Márquez, criticó que "la Junta sólo pretenda sacar un alto rendimiento electoral invirtiendo muy poco".

Mesa de Convergencia volvió a censurar la falta de soluciones propuestas por la derecha y añadió que la moción, "no nos parece una solución adecuada ni en las formas ni en los procedimientos".

En el PSOE, Joaquín Díaz sacó a colación actas pasadas en las que IU "socio de gobierno" del PP durante la pasada campaña tachó de "cinismo político" el traer una propuesta de esta índole y defender la pervivencia del puente bajo el que discurre el arroyo La Rocina.

El edil recriminó a Domínguez "no haber querido negociar una alternativa, porque el puente no os importa. Así me dicen desde la Delegación de Medio Ambiente", sentenció. Por otra parte, recordó "la responsabilidad penal y medioambiental de incumplir con la DIA" y defendió la alternativa propuesta por la administración autonómica que, en paralelo, resuelve los accesos a las fincas de Matalagrana.

Durante los turnos de réplica, los populares resaltaron que más allá de enmarañar el debate existen dos elementos indiscutible: que el diseño de la alternativa a la A-483 fue ejecutada por la Junta y que para corregir "ese error" se ha optado por la elección de la solución menos cara y más insegura". El PSOE, por el contrario, señaló que la DIA es inamovible, que lo ideal es el desdoble, pero que "no existe capacidad económica" para llevar adelante un proyecto de más envergadura.

La compra de la finca de Los Mimbrales fue otro de los temas de debate. El PP instó a la Junta de Andalucía a modificar el Plan Especial de los Regadíos y catalogar como regables nuevas hectáreas que compensen las 922 hectáreas adquiridas por el Gobierno central para su ulterior trasformación en forestal, a fin de garantizar así 6,8 hectómetros cúbicos de derechos de agua que permitan poner esos recursos a disposición de los agricultores.

En la defensa del punto, Elena Laro afirmó que el propietario de la finca llegó a ofrecer un convenio al Ayuntamiento para que accediera a la segregación de las fincas y así poder materializar la venta, un acuerdo por el que se comprometía a poner encima de la mesa "un millón de euros", que el Ayuntamiento habría perdido al no negociar. La alcaldesa la interpeló y dijo que eso "era falso", instándole a retractarse o aportar pruebas.

Mesa de Convergencia censuró que la adquisición se materializara "de forma unilateral. Crea un problema social y conlleva más paro, al disminuir la superficie agrícola para Almonte". El portavoz, José María García, salió en defensa de la Administración autonómica y criticó que ahora se le pida a ésta que "corrija el desaguisado" generado por una compra en la que se ha pagado "demasiado".

Por el PSOE Isidro Medina reveló que el propietario habría presentado hasta cinco licencias de segregación y señaló que la tasación de la finca es de 42 millones de euros y, sin embargo, "se ha comprado por 49", sin contar con la zona turística. Por otro lado, destacó que no se ha tenido en consideración a los trabajadores a los que se les ha ofrecido una indemnización "mojona" por mandarlos a las calle, puesto que la mayor parte del personal son fijos discontinuos".