La presa de Alcolea es esencial para el futuro de la provincia de Huelva. La asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu) no entiende cómo una infraestructura que cuenta con todos los permisos y una declaración de impacto ambiental válida lleva seis años parada al 23% de su ejecución. Los regantes ya iniciaron acciones legales en este sentido, elevando al Supremo su lucha para exigir a las administraciones competentes que concluyan su propio compromiso. Piden a los responsables públicos que cumplan su palabra.

Al margen de la vía judicial, Coprehu quiere establecer una línea de diálogo con los ministerios de Transición Ecológica y Agricultura a efectos de agilizar los plazos para la solución del problema. Con este fin envió el pasado lunes un escrito a ambos organismos solicitando una reunión “al más alto nivel” en el que su presidente, Juan Antonio Millán, mantenga un encuentro directo con los secretarios de estado Hugo Morán y Teodoro Estrela, así como el ministro de Agricultura Luis Plana. Coprehu hace partícipe de la invitación a la consejera Carmen Crespo y el secretario general del Agua, Ramiro Angulo.

El objetivo del encuentro debe ser, según el escrito consultado por este diario, “informar, dialogar y poder consensuar para desbloquear la aprobación del proyecto y una hoja de ruta con hitos para finalizar la presa de Alcolea y continuar el proyecto del Canal de Trigueros” con la presencia de los usuarios en la actual comisión de seguimiento de ambas infraestructuras.

La solicitud va acompañada de un extenso informe en el que los regantes argumenta la viabilidad del proyecto, su necesidad imperiosa para el sustento no solo del futuro de casi dos mil agricultores de más de una decena de municipios sino de los propios espacios naturales onubenses al ser clave su activación para eliminar la presión sobre Doñana. Coprehu recuerda una vez más que las obras llevan paralizadas “más de seis años de forma injustificada” y que el proyecto goza tanto de asignación presupuestaria como de todos los permisos correspondientes. El informe explica además que la DIA en vigor ya da respuesta a las dudas que puedan surgir sobre la calidad del agua. Incorpora el escrito argumentos en este sentido que certifican que los pasivos mineros existentes no afectan al uso del caudal así como la necesidad de la presa que regule las venidas del Odiel para evitar inundaciones.

No entienden los regantes que se solicite un nuevo estudio sobre la calidad de las aguas al considerar que es un tema superado por análisis previos independientes y la propia Declaración de Impacto Ambiental. Cuestiona Coprehu si la razón del informe pedido al Centro de Estudios Hidrológicos es “retrasar en dos años más la toma de decisión dejándolo para la próxima legislatura; una coartada por la denuncia mora en la ejecución del Convenio de Regulación; o atender a la presión del socio de Gobierno (Unidas Podemos) que por ideología se opone a cualquier presa”. Sobre este nuevo escenario ya reclamó la consejera Carmen Crespo al secretario de Estado, Hugo Morán, hace unos días que destinase los fondos necesarias para la restauración de la cabecera del Odiel si estimaba que el inconveniente eran los residuos del entorno minero.