Matalascañas y El Portil reavivan el debate entre la contención inmediata del mar y la búsqueda de soluciones a largo plazo

Quienes mejor lo conocen, saben que el mar siempre acaba reclamando lo que es suyo. Una realidad que, desde hace años, se manifiesta con especial crudeza en distintos puntos del litoral onubense y de otras provincias andaluzas, donde el avance del océano y la fuerza creciente de los temporales están dejando una huella cada vez más visible. En el caso de Huelva, playas como las de El Portil (Punta Umbría) o Matalascañas (Almonte), son claro ejemplo de un problema que ya no es puntual ni coyuntural, sino estructural.

En ambos enclaves, caracterizados por la presencia de construcciones en primera línea de playa, los últimos inviernos han traído consigo cuantiosos daños materiales. Paseos marítimos, accesos públicos y otras infraestructuras municipales vienen sufriendo importantes desperfectos invierno tras invierno; al tiempo que numerosas viviendas privadas están viendo cómo el mar se acerca peligrosamente a sus cimientos. El paso de la borrasca Francis la pasada semana ha sido especialmente revelador, agravando una situación que venía gestándose desde hace años.

Las causas de este fenómeno son, en esencia, dobles. Por un lado, el cambio climático, que está elevando de forma progresiva el nivel de los mares y, al mismo tiempo, intensificando la frecuencia y la agresividad de las borrascas invernales. Por otro, un modelo urbanístico salvaje y heredado de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, marcado por un desarrollo acelerado y escasamente planificado del litoral español, que permitió edificar en zonas hoy claramente expuestas a la dinámica natural de la costa.

El Portil y Matalascañas no son, sin embargo, los únicos puntos afectados en la provincia. Playas como La Antilla (Lepe), o Central (Isla Cristina) presentan problemáticas similares, con edificaciones en primera línea que cada invierno son castigadas por el oleaje, las mareas y la pérdida de arena. Un escenario que, según los expertos, podría intensificarse en los próximos años si no se adoptan medidas eficaces y coordinadas.

En este contexto, el debate sobre las posibles soluciones se ha reavivado con fuerza estos días. Frente a una costa que seguirá evolucionando, las administraciones se enfrentan al reto de consensuar cómo actuar: en primer lugar manteniendo la actual situación a base de intervenciones puntuales y costosas como la aportación de arena -que los temporales vuelven a llevarse cada invierno- o la construcción de espigones -que solucionan el problema en un punto para agravarlo en el siguiente-; en segundo lugar apostando por estrategias más a largo plazo que asuman cambios profundos en la ordenación del litoral; y en tercer lugar buscando el equilibrio entre las dos opciones anteriores.

En este sentido las recientes discrepancias entre los ayuntamientos afectados, como los de Punta Umbría y Almonte, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) son reflejo de la complejidad de un problema que va mucho más allá de una simple cuestión de regeneración de playas.

Choques de criterio entre administraciones y vecinos

Las diferencias entre Matalascañas y El Portil van más allá de los daños causados por los temporales. En Matalascañas, el foco está en el paseo marítimo y en viviendas privadas consolidadas, mientras que en El Portil el conflicto se centra en edificaciones situadas sobre dominio público marítimo-terrestre bajo régimen de concesión administrativa.

Así las cosas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, viene insistiendo estos días en la necesidad de intervenciones estructurales que permitan ganar anchura de playa y reducir la exposición al oleaje. "Estamos ejecutando en Matalascañas una actuación de seis millones de euros que incluye aportación masiva de arena y recrecimiento de los espigones existentes", explica Morán, quien aclara que "hablamos de una actuación paliativa. La intervención estructural que necesita esta playa almonteña requiere retranquear el paseo, ganar metros de anchura y construir un nuevo paseo tierra adentro".

En contraste, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, considera que la propuesta es "una barbaridad" en los tiempos actuales, argumentando que "el secretario de Estado habla de retranquear la primera línea a 100 metros, lo que supondría eliminar más de 300 edificios. Nosotros estamos solicitando salvavidas; queremos proteger a la gente. Plantear un retranqueo en este momento no tiene ningún sentido", a lo que añade que este tipo de decisiones "tendrán que formar parte de un objetivo de Estado, no de un ayuntamiento con un presupuesto limitado".

Por su parte en El Portil, la Dirección General de la Costa y del Mar ha iniciado recientemente los trámites para rescatar las concesiones administrativas de varias viviendas situadas en primera línea de playa, tras declararlas de utilidad pública. Los concesionarios denuncian una "segunda expropiación" tras la pérdida de la propiedad con la Ley de Costas. Según manifiesta públicamente su abogado, Francisco Martínez, "no se explica en qué medida eliminar unas concesiones va a beneficiar a la playa, ni cuántos metros de litoral se podrían recuperar".

Disputas por la arena y tensión institucional

El choque entre administraciones ha llegado hasta tal punto que provoca disputas incluso por el origen de la arena utilizada en las regeneraciones. El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, calificó hace unas semanas de "indignante" que el Gobierno esté utilizando arena extraída frente a la costa puntaumbrieña para regenerar Matalascañas, "mientras El Portil sigue sin playa y con excusas para no regenerarla". El regidor exigió explicaciones a Costas y denunció que "ver a la draga extrayendo arena frente a nuestras playas, sin que a nosotros se nos dé ninguna solución, es una falta de respeto", recordando además que el Ayuntamiento mantiene un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica por la "dejadez" en la playa portileña.

Desde la Subdelegación del Gobierno, María José Rico respondió que el banco de arena utilizado se encuentra en mar abierto y forma parte del dominio público marítimo-terrestre estatal, por lo que "no pertenece a ningún término municipal". La subdelegada defendió, además, que el expediente contó con todas las garantías legales, incluida declaración de impacto ambiental favorable y trámite de información pública, al que -según precisó- el Ayuntamiento de Punta Umbría no presentó alegaciones.

La tensión se ha reavivado tras el paso de la borrasca Francis, que ha vuelto a poner en riesgo infraestructuras municipales en El Portil. Hernández Cansino ha exigido esta misma semana a Costas que actúe "con urgencia" para proteger el nuevo colector de saneamiento, una obra de más de 600.000 euros aún no recepcionada por el Ayuntamiento y actualmente expuesta a la dinámica litoral. "Si no se adoptan medidas inmediatas, el riesgo de vertidos es real e inminente", ha advertido el alcalde, quien ha vuelto a denunciar el "abandono absoluto" del Gobierno, añadiendo que, en caso de producirse daños medioambientales, "Costas será la única responsable".

Intervenciones urgentes y medidas a largo plazo

En declaraciones esta misma semana a Huelva Información, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado que "cada tramo de costa requiere soluciones específicas". "En Matalascañas –indicó- el impacto ha sido muy potente. La borrasca Francis derribó gran parte del paseo marítimo y las personas que viven en primera línea están muy preocupadas", añadiendo que el Gobierno ya está actuando con una inversión considerable: "Se está realizando una aportación masiva de 700.000 metros cúbicos de arena y estamos recreciendo nueve espigones para que la arena se quede en la playa y aumente la protección del litoral".

En cuanto a El Portil, Rico ha recordado que la situación es distinta. "Aquí estamos trabajando desde hace cerca de dos años para buscar una solución definitiva. Hay viviendas en primera línea afectadas que son concesionarios, y se está analizando el rescate concesional para valorar el periodo de disfrute que les resta y poder indemnizarles adecuadamente".

La subdelegada ha insistido en que la propuesta de retranqueo del paseo en Matalascañas es un planteamiento de futuro, no una decisión adoptada. "Lo que puede hacer el Gobierno lo está haciendo ya en la playa. Este planteamiento solo se debatirá con el Ayuntamiento y demás administraciones implicadas. No se ha tomado ninguna decisión definitiva", recalcó.

Rico ha subrayado además el carácter "urgente" de las actuaciones actuales ya que a su juicio "el presente es lo que nos preocupa y nos ocupa. Queremos que la ciudadanía vea que estamos trabajando para protegerla, pero también para que las playas puedan sostenerse a largo plazo con medidas más estructurales". Finalmente ha resumido con estas palabras el reto al que se enfrenta el litoral onubense: "No se trata solo de aportar arena; se trata de repensar la costa de forma integral".

Un mismo fenómeno, respuestas distintas

Matalascañas y El Portil muestran cómo un mismo fenómeno natural -la erosión costera agravada por temporales y el cambio climático- puede derivar en respuestas muy diferentes, condicionadas por la titularidad de los terrenos, la situación urbanística y la posición de vecinos y administraciones.

Mientras Matalascañas requiere medidas inmediatas para proteger la infraestructura y a la población, además de requerir actuaciones a largo plazo, El Portil plantea un debate jurídico y estructural sobre la permanencia de las concesiones y la planificación de actuaciones definitivas. En ambos casos, el desafío es combinar intervenciones urgentes con estrategias sostenibles a largo plazo, un equilibrio complejo pero imprescindible para garantizar la seguridad y la conservación del litoral.