Las mancomunidades, en jaque
La situación financiera de los ayuntamientos, debido a la crisis, pone en peligro la continuidad de los entes provinciales · Cuenca Minera arrastra una deuda millonaria y está a punto de desaparecer

La Mancomunidad Cuenca Minera, fundada en 1990, y por consiguiente una de las más antiguas de la provincia, está en estado de coma, en espera de que se firme su muerte clínica tras haber acumulado una deuda millonaria. Por desgracia, no se trata de un hecho aislado, lo que ha reabierto el debate sobre el futuro de este tipo de entes.
Según los datos del registro de entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la provincia de Huelva existen actualmente hasta diecisiete organismos supramunicipales que, en la mayoría de los casos, tienen enormes dificultades para cuadrar sus cuentas y cumplir con el fin para el que fueron constituidas. En la mayoría de los casos los problemas de subsistencia obedecen a los impagos de las corporaciones locales, que llevan a cabo una economía de subsistencia e incluso padecen verdaderas dificultades para estar al corriente en las nóminas municipales.
Los datos hablan por sí solos. Tres de los millones de Cuenca Minera corresponden a la deuda contraída por los sistemáticos impagos de las corporaciones locales de Nerva, Minas de Riotinto, Zalamea la Real, El Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal. Sin embargo, aun poniéndose al corriente de pago, la entidad continuaría siendo deficitaria.
Otras mancomunidades sobreviven como entes fantasmales en espera de una disolución que se encuentra enquistada. Es el caso de Condado-Campiña que decidió poner fin a sus días en noviembre de 2008 para cortar con una hemorragia económica que alcanzó los 713.186 euros. Una ruina de la que tuvieron que hacer frente los 16 municipios que permanecieron hasta el final en la entidad y que tuvieron que poner sobre la mesa 29.751 euros para resolver los 454.522 euros a los que ascendía los pagos atrasados a los proveedores y las correspondientes indemnizaciones a los trabajadores. Durante toda su existencia la entidad estuvo salpicada por las continuas denuncias de la oposición de contrataciones a dedo e incluso por el hecho de que las cuotas sindicales a UGT las abonase la propia entidad. Curiosamente el organismo público se fundó para reducir gastos en el arreglo de los caminos agrícolas, si bien los costes de gerencia y personal político llegaron a superar el de los propios conductores de las máquinas, lo que llevó a alcaldes del PA a denunciar que "habían más jefes que indios".
El tema de los sueldos políticos también ha hecho correr ríos de tinta en la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la provincia (MAS). Por consenso PSOE, PP, IU, y PA se reparten anualmente 650.000 euros en subvenciones. Todo ello sin contar que el organigrama de gestión está comandado por un gerente, un presidente y cuatro vicepresidentes, que a su vez tienen a dos personas de confianza adscritas al cargo. Sin embargo, su solvencia económica está garantizada, principalmente porque no se nutre de las cuotas de los Ayuntamientos, sino de los abonados por el suministro de agua.
Por su parte la Mancomunidad de Islantilla también está próxima a firma su acta de defunción después de que el Ayuntamiento de Lepe iniciase los trámites para disolverla y que las competencias regresen al Ayuntamiento, algo a lo que se opone el otro actor implicado, Isla Cristina.
Voces como PSOE e IU consideran que estos organismos conforman el mejor modelo de gestión para las comarcas, dado la necesidad de realizar servicios de forma conjunta que, por separado, serán inviables desde un punto estrictamente económicamente. En el otro lado de la balanza encontramos quienes como el PP argumentan que estas instituciones se han convertido "en un cementerio de elefantes de cargos políticos y enchufados".
Todo ello por no hablar de que la mayoría de las mancomunidades se encuentran adscritas al fomento del empleo, desarrollo económico o gestión de la dependencia, lo que implica que sus competencias se solapen claramente con otras administraciones como la Diputación provincial, Junta de Andalucía o el propio Estado Central.
El problema radica en que tras la democracia se han constitución nuevas estructuras del Estado (Comunidades Autónomas, Mancomunidades, Parlamento Europeo) sin eliminar otras que pudieran incurrir en duplicidades (Diputación o Senado), lo que ha permitido a los distintos partidos ampliar sus estructuras de poder y, a la vez, engordar los recursos necesarios para mantener este mastodóntico organigrama.
El debate no se circunscribe al ámbito provincial. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y presidente regional del PP, Juan Ignacio Zoido, ya mostró su postura alegando que sobraban estos organismos, al tratarse de "estructuras paralelas a municipios y Diputaciones". Fiel a esta filosofía Mariano Rajoy abogaba por eliminar las 1.482 mancomunidades que existen en España, ahorrando con ello 2.500 millones de euros, a la par que reforzando la labor de las Diputaciones, instituciones que en campaña el líder del PSOE, Alfredo Pérez rubalcaba propuso eliminar. Desde entonces, nadie más ha indicado por donde comenzar la poda de las administraciones.
También te puede interesar
Lo último