Libertad bajo fianza de 3.000 euros para uno de los dos detenidos con casi dos toneladas de hachís en un pesquero frente al Guadiana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ayamonte ha ordenado la libertad bajo fianza de 3.000 euros para uno de los dos tripulantes detenidos la pasada semana tras la incautación de 1.824 kilos de hachís en un pesquero interceptado frente a la desembocadura del Guadiana. La operación tuvo lugar en la madrugada del pasado 27 de agosto, y según fuentes de la lucha contra el narcotráfico, este tipo de resoluciones judiciales ponen en evidencia lo “barato” que puede resultar ser narcotraficante en la zona, frente a dedicarse al trabajo agrícola u hostelero.

La decisión judicial ha suscitado preocupación entre profesionales implicados en la lucha contra el tráfico de drogas. “Por introducir un alijo de este calibre se ganan entre 20.000 y 30.000 euros, y si puedes quedar en libertad pagando sólo 3.000 euros, ¿quién elige otra vida?”, advierten las fuentes consultadas. Temen que el mensaje que transmite esta resolución al tejido social juvenil –sobre todo en un entorno rural y con escasas oportunidades laborales– sea destructor de esperanzas y estímulo indirecto al delito.

Según informó la pasada semana este periódico, la intervención fue resultado de un dispositivo conjunto entre Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Sobre las 02:15 del 27 de agosto, el Grupo Marítimo del Estrecho localizó y abordó un pesquero a unas tres millas al sur de la desembocadura del río Guadiana, con rumbo a Isla Cristina.

Durante una inspección inicial en alta mar se descubrieron 48 fardos de hachís distribuidos entre la cubierta y la bodega del barco, con un peso total de 1.824 kilos de dicha sustancia estupefaciente, que fueron trasladados junto con los dos tripulantes al puerto pesquero de Isla Cristina, donde se realizó una revisión exhaustiva en tierra.

Ambos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública; la embarcación y el alijo quedaron bajo custodia judicial, y las diligencias fueron aportadas al Juzgado de Ayamonte para la continuación del procedimiento penal.