Un grupo de familias ocupa sus casas tras un retraso en la entrega de 3 años

Un grupo de unas 20 familias del municipio de Almonte ha ocupado de manera "indefinida" las viviendas de protección oficial que les deberían de haber entregado el 31 de diciembre de 2008, entrega que no se había producido por no estar concluidas las obras de urbanización. El portavoz del colectivo, José Miguel Callejo, explicó que tras tres años las familias han decidido "no esperar más y hacer uso de sus viviendas", ubicadas en la urbanización Las Marismas II compuesta por 160 viviendas, y aseguró que "ya no las echará nadie".

El inicio de los retrasos, precisó Callejo, comenzó con la quiebra de la constructora Dolmen lo que motivó que las obras pasaran a manos de una entidad bancaria que, durante este tiempo, les ha ido "dando plazos sin que se hayan cumplido".

"En una de las últimas reuniones nos dijeron que las casas estarían entregadas en agosto de 2011 o a lo más a finales de ese año y hasta hoy no se ha movido ni una sola máquina y las calles siguen sin asfaltar y nuestras viviendas sin cédula de habitabilidad", indicó. Esta retraso, unido a la "situación crítica" por la que pasan muchas de estas familias, alguna de las cuales no pueden hacer frente al pago de un alquiler mientras esperan la entrega, ha motivado la ocupación.

Callejo insistió en que de las casas no los echará "nadie" y apuntó que "si tienen que empezar las obras o arreglar desperfectos o humedades existentes en las viviendas lo harán con nosotros viviendo ya aquí".

"No nos iremos de nuevo con compromisos que después no se cumplen, todo lo que tengan que hacer lo harán sin que dejemos las casas", insistió el portavoz, quien precisó que ya han recibido la visita de representantes del equipo de Gobierno y de efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil sin que "hayan hecho nada para disuadirnos". Callejo aseguró que las viviendas "están terminadas, a falta de la urbanización de las calles", y remarcó que estas familias, que han accedido a las casas por las ventanas e incluso forzando las puertas, "no se van a mover de allí, aunque comiencen las obras de urbanización".

Las casas fueron adjudicadas por valor de 84.000 euros y por el momento los dueños de las mismas "han pagado alrededor de 20.000 y no hay señales de que las vayan a entregar pronto", motivo por el cual estos vecinos han decidido ocupar sus viviendas antes de su entrega. Al parecer, la acciones de estas familias se ha visto acelerada, ya que algunos extranjeros estaban ocupando sus casas.

Mientras, el Ayuntamiento de Almonte, gobernado por el popular José Antonio Domínguez, se comprometió ayer en emitir un informe económico en las próximas 48 horas para que la entidad bancaria encargada de la financiación de las VPO, le conceda un montante económico a la constructora para que pueda finalizar las obras de urbanización.

Según informó el portavoz del equipo de gobierno en el Consistorio almonteño, José Joaquín De la Torre, ayer mantuvo una reunión con representantes de la constructora y de la entidad bancaria, en la que se llegó a la conclusión de que "el banco no se fía de la constructora que ha dado un presupuesto de 400.000 euros para las obras de urbanización".

Por ello, el Ayuntamiento de forma voluntaria, "porque la situación afecta a los vecinos de Almonte", se ha ofrecido a elaborar un informe que corrobore que el montante solicitado por la empresa constructora para las obras de urbanización se ajusta a la realidad y si se da esta situación, "el banco le concedería el montante económico".

De la Torre aseguró que a su vez los técnicos municipales están ultimando la documentación para que una vez finalizadas las obras y éstos certifiquen la habitabilidad de las viviendas, poder dar a la empresa la licencia de primera ocupación.

Por otro lado, según informaron a Europa Press desde la Delegación de Obras Pública y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva, la empresa a finales de 2010 pidió la calificación definitiva, imprescindible para escriturar y entregar las viviendas, pero la Junta no se lo pudo facilitar al no tener la documentación completa, incluida la licencia de primera ocupación.