El Gobierno destaca que ya hay 329 millones de euros ejecutándose en el Plan Doñana

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la "sensibilidad medioambiental y social" de "apuesta por la diversidad" y de "cuidar el Parque Nacional" que se ha visto reflejado en los dos acuerdos del Marco de Doñana, que cuenta con diferentes líneas de actuación y que es "fundamental" el espacio natural.

Así lo ha subrayado Rico en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha recordado que, inicialmente, "se aprobó uno --el medioambiental-- y luego había que tener también una sensibilidad social para el desarrollo socioeconómico con las personas que están asentadas en el territorio, de los 14 municipios que están afectados en las tres provincias, en Huelva, en Cádiz y en Sevilla, para que esto sea una realidad".

"El despliegue es muy potente y es una realidad y ya lo compartió con nosotros hace poco más de un mes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, cuando, con motivo del Consejo de Participación de Doñana, nos explicó que está al 44% de ejecución y que hay más de 329 millones en marcha ejecutándose", ha remarcado.

Con respecto al Marco Socioeconómico, la subdelegada ha destacado "tres elementos muy importantes" como la ayuda de la línea 10 a los 14 ayuntamientos del entorno, que "ya han recibido parte de los 70 millones que se van a repartir entre las tres provincias".

"Ya nuestros municipios, que es por los que tengo que velar, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Bonares, Bollullos Par del Condado, Almonte, Hinojos y Rociana del Condado, ya han recibido esa parte prorrateada que les corresponde para apostar por iniciativas que tengan que ver con empleo verde con proyectos de energías renovables y economía verde en sus proyectos. Lo están haciendo y desplegando ya cada uno de ellos".

Rico ha recordado que también se han desplegado ya las ayudas correspondientes a la línea 13, "que es muy importante porque se vela por mejorar las condiciones de las personas más vulnerables que están asentadas en esos territorios, en concreto temporeros". En este sentido, ha señalado que "hay ya tres líneas desplegadas, la 1 y la 2 y la 3 dentro de la línea 13". "Y estamos hablando de cinco millones para labores de sensibilización, divulgación, para labores también de incorporar normalización documental. A esas personas tenemos que regularizar y e integrarlas, es muy importante y hemos avanzado", ha añadido.

Al respecto, ha explicado que ya se ha producido reuniones con la Oficina Técnica de Doñana, "que es la que está llevando la labor de coordinación y nos hemos reunido con todos los ayuntamientos".

De otro lado, ha subrayado la línea 13.4, "que va a llevar un despliegue de más de 20 millones, cinco de ellos para este ejercicio, para intentar dar recursos habitacionales a los ayuntamientos que recogen los asentamientos, que básicamente son tres, Lucena, Palos de la Frontera y Moguer", con los que "se está ya trabajando".

Ayudas a los agricultores

Asimismo, la subdelegada se ha referido a la ayuda para los agricultores del entorno del Espacio Natural, "que son estos 28,5 millones para apostar por la restauración ecológica y renaturalización de todos los terrenos en el ámbito forestal y agrícola, para que estas personas se puedan acoger a esos 700.000 euros que se va a dar por hectárea repartidos en diez años, con los complementos correspondientes de las administraciones que se han querido también sumar, pero es una realidad".

"Ya está la primera y el plazo de presentación termina el 15 de enero y veremos y no se va a quedar ningún agricultor que quiera acogerse a esa cobertura, de la que habrá sucesivas convocatorias", ha destacado.

Igualmente, se ha referido a los 11,5 millones de euros destinados a la innovación agraria". Asimismo, ha explicado que "en paralelo con el Marco Medioambiental está la adquisición de la finca de Los Mimbrales, donde ya se está trabajando en la restauración" o la masa de agua de La Rocina para "intentar reducir la extracción subterránea y que se haga de manera superficial".

"La apuesta del Gobierno de España por Doñana, en su doble vertiente, ha sido decidida. Tanto es así que inicialmente se había repartido un montante de 350 y 356 millones de euros para cada marco y ya vamos por 743,5 millones, para que todas las personas que están asentadas, los ayuntamientos y el sector agrícola, vean también recompensado todos estos esfuerzos que se va a hacer para mantenerla de la mano del sector. Y hay muchos más proyectos, pero estos son algunos de los que están en marcha y se están ejecutando", ha enfatizado.

Deslinde

De otro lado, con respecto al deslinde de las marismas de Doñana, Rico ha indicado que "es un procedimiento exclusivamente técnico-jurídico que generalmente el Gobierno aborda, porque tiene que abordarlo, para delimitar territorialmente qué bienes son de dominio público, en este caso dominio público marítimo-terrestre" y "efectivamente este deslinde que afecta básicamente a Hinojos, Almonte y Aznalcázar que lo que pretende es delimitar".

En este sentido, ha señalado que, "tanto de la Dirección General de Costas como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tienen claro el planteamiento" porque, "tanto la Ley de Costas como el reglamento y como la propia Constitución establecen que son bienes de dominio público marítimo-terrestres aquellos terrenos naturalmente inundados o inundables o aquellos que pudieran ser inundables por efectos mareales, siempre y cuando hayan no sido inundables porque se han puesto barreras artificiales por el hombre".

Así, ha explicado que "el Ministerio considera que esto es lo que se ha producido aquí" porque "realmente esa marisma fue marisma mareal". "De hecho hay estudios avalados", ya que "cuando uno toma una decisión tan seria y tan responsable es porque tiene estudios periciales y técnicos que, en este caso, que demuestran que realmente esos terrenos han sido salados porque son marisma mareal y porque realmente se ha puesto una barrera artificial que ha generado ese impedimento de inundación como es la montaña del río".

"Esto tiene 14 kilómetros de longitud con dos metros de altura en paralelo a 250 metros del río. Sé que está siendo polémico, pero si nos ajustamos a la ley, realmente serían terrenos inundables, que no lo son ahora mismo gracias a esa barrera artificial", ha añadido.

La subdelegada ha apuntado que "todo esto es un análisis jurídico" y que "todos los procedimientos avalan que haya posturas discrepantes", por lo que el Gobierno "respeta toda posible queja o discrepancia jurídica que tiene tanto el Consejo de Participación como la Junta de Andalucía", que van a plantear un recurso contencioso administrativo y "serán los tribunales lo que decidan". "Pero cuando el Ministerio adopta esta medida tan sensata, rigurosa y responsable, lo hace amparándose en estos planteamientos técnicos que de alguna manera ratifican su parecer y de ahí viene la discrepancia".