Un ganadero denuncia que la Junta "lo asedia"

Hace algo más de un lustro, Francisco José Chavero destapó el pastoreo ilegal de cientos de reses que se alimentaban en los subsectores del Plan Almonte Marismas frente a la "inacción" de las administraciones. Sus denuncias recogían un supuesto trato de favor hacia algunos empresarios almonteños para que sus vacas pastasen a su libre albedrío en zonas protegidas, ahorrándose la manutención del ganado mientras a él y otros ganaderos se le llamaba a capítulo para que mantuviera sus vacas mostrencas dentro del perímetro de las parcelas privadas. Así lo trasladó en numerosos escritos a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y a medios como Huelva Información que se hicieron eco de la noticia.

El revuelo mediático, asegura, hizo que la situación se corrigiera, si bien desde entonces sostiene que su empresa, Chavero e Hijo, ha sido objeto de "continuas represalias". En primer término, cortándole el acceso a las subvenciones en virtud de un problema "de carácter administrativo" por el que le cambiaron la parcela y el polígono donde durante toda su vida pacía su ganado. En segundo lugar, negándole la posibilidad de sanear las reses. En virtud de ello se pregunta: "¿Cómo es posible que haya recibido ayudas europeas durante los últimos años sin problema alguno y, a raíz de mis denuncias en los medios de comunicación se produzca un error que me ahoga la actividad económica?".

Chavero insiste en que "como no existe forma jurídica o administrativa de echarme, la única forma que han encontrado es paralizándome las ayudas" europeas que gestiona la Junta de Andalucía.

Frente a esta "indefensión", el empresario ha interpuesto un contencioso-administrativo contra la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía en Huelva por el hecho de que por un "supuesto error administrativo ajeno a mi responsabilidad mi finca queda en situación irregular". Para ello muestra los documentos en los que el veterinario de la Oficina Comarcal Agraria Entorno de Doñana certifica que, "según la base de datos del Sistema de Información y Gestión Ganadera Andaluz (Siggan) y los propios archivos de la OCA, la explotación denominada El Alamillo pertenece al titular Chavero e Hijos".

Con este informe en su mano, Chavero solicitó a la Delegación que le autorizase a llevar a cabo el saneamiento del ganado, petición que ha de formalizarse por escrito al tratarse de una finca enclavada en la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana y conforme a la normativa de Sanidad Animal. Su petición le fue denegada. "Es inconcebible que me pongan pegas para vacunar y evitar contagios de enfermedades de tuberculosis, lo que podría poner en peligro a animales como el lince", asegura.

La Administración regional se aferra a que el empresario carece de certificado de pasto y aprovechamiento ganadero, extremo que no niega, si bien muestra cartillas donde demuestra que sus reses "llevan más de 34 pastando en la zona".

Esta situación le ha situado en una encrucijada, puesto que al quedar al margen de la ley no se le permite sanear sus reses, moverlas a otra finca o vender. En síntesis, lo condenan al cierre del negocio, amén de quedar expuesto a fuertes sanciones que le provocarían la ruina como empresario.

En su día la propia Delegación de Agricultura destacó que las pérdidas de subvenciones obedecen a que durante las inspecciones rutinarias que se le practicaron al ganadero se detectó que sus reses no se encontraban en la finca que figuraba en la petición de subvenciones, de ahí la negativa a las ayudas de la UE.

A raíz de la pérdida de las subvenciones europeas por valor de más de 90.000 euros, Francisco Chavero decidió en marzo de 2009 adoptar la extrema medida de convocar una huelga de hambre y sentarse frente a las puertas de la Delegación de Agricultura en demanda de que le solucionasen "los errores administrativos " que le mantenían bloqueadas unas ayudas que venía percibiendo desde 1993. Aquella medida de presión fue desconvocada de inmediato, tras lograr de la Administración el compromiso de que, si deponía su actitud, se solucionarían "los errores de las parcelas", lo que le permitiría volver a percibir las subvenciones que garantizasen su actividad económica. Sin embargo, sentencia: "Me engañaron".