La condena contra el exalcalde independiente de Bollullos Francisco Díaz Ojeda se queda finalmente en siete años de inhabilitación para el ejercicio de un empleo o cargo público "única y exclusivamente en el ámbito" de la localidad. El exregidor municipal reconoce haber cometido un delito de prevaricación por "fraccionar el contrato para el montaje de la Feria" de 2014 en favor de una única empresa, Espectáculos A. Conde SL, una maniobra con la que evitó que se superara la cuantía que obligaba a sacarlo a concurso público.

Con la aceptación de los cargos ha conseguido arrancar un acuerdo a la Fiscalía que ha relajado el delito continuado de prevaricación y lo ha transformado en prevaricación a secas, y que ha dejado en el ámbito local el efecto de esta restricción. Además, el reconocimiento de los hechos evitó la celebración del juicio en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva.

El abogado de Díaz Ojeda, Ignacio Rivas, recuerda a Huelva Información que estos hechos, que se remontan a 2014 y que afectan a seis contratos de julio y agosto, atienden a "un contrato menor, entendiendo el alcalde que esos contratos para organizar la Feria era factible realizarlos no por fraccionamiento, sino que cada uno de ellos era independiente de por sí y tenía un sentido único y una organización diferente para su ejecución". Es decir, que "no correspondían a una unidad funcional como serían la Feria de Bollullos y los actos de preferia, los de organización del día de la Patrona y los del Vino", algo que sí argumentaba el Ministerio Público.

El acusado explica a este diario que "ya le he manifestado al juez que yo no me siento responsable del tema, además, creo que la falta de objetividad y de criterio de los técnicos en este caso y, sobre todo, el querer salvar su responsabilidad como técnicos, me ha llevado a ponerme en esta situación".

Díaz Ojeda, que es el actual secretario general de Independientes por Huelva, estima que es "un poco rocambolesco que una cosa que se viene haciendo desde el año 1979 hasta 2014, que sea un ilícito penal en 2014 y en 2015 ya no lo es".

La defensa sostiene que a la empresa a la que se contrató "se dedica a esto en toda la provincia de Huelva, con mucha solvencia, y que ha sido contratada por el Ayuntamiento de Bollullos durante nueve años; y no solamente por Paco Díaz como alcalde, sino por otros alcaldes y con otros secretarios municipales e interventores que no pusieron ninguna objeción a este tipo de contratación". En este caso, sin embargo, el interventor sí puso reparo "y por eso estamos en esta situación".

Díaz Ojeda considera que "han ido a por mí". Se refiere al PSOE, que es el partido que puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos. "He echado en falta un criterio técnico que me dijera, oiga, esto es lo que se ajusta a derecho y por lo tanto esto es lo que hay", agrega.

Asume los hechos "por recomendación de mi letrado y de la Fiscalía, lo que se me ha dicho lo cumpliré y ya está, pero sí que es un poco raro y extravagante", valora. "Además, no corresponde para nada con una intencionalidad de haber hecho eso. Es lo que se ha hecho siempre, como se ha montado la Feria siempre", él solo estampaba la firma, arguye.

Lo que tiene claro el exalcalde es que "vamos a estar muy atentos a que este tipo de cosas no ocurran ni en Bollullos ni en ningún otro sitio donde los Independientes estemos presentes; si detectamos algo así, vamos inmediatamente a demandar".

Díaz Ojeda dejó de ser alcalde de Bollullos hace cuatro años. "Ahora estoy trabajando en una empresa de recursos humanos y no tengo ninguna representación institucional, pero sí soy responsable de los Independientes en la provincia de Huelva". No obstante, añade, "esto que me ha ocurrido hoy no tiene nada que ver con seguir ejerciendo como responsable político de mi partido".

Sobre sus hombros pesa otra condena de dos años de inhabilitación "que ya he cumplido" por un delito continuado de desobediencia de autoridad, al considerar los tribunales que desoyó las decisiones judiciales relativas a la readmisión e indemnización de 40 trabajadores que fueron despedidos en 2009, bajo su mandato, de forma improcedente.