Huelva

El exalcalde de Bollullos se sienta hoy en el banquillo por prevaricación

  • La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Francisco Díaz Ojeda por fraccionar el contrato para el montaje de la Feria 2014

Francisco Díaz Ojeda, exalcalde de Bollullos Par del Condado.

Francisco Díaz Ojeda, exalcalde de Bollullos Par del Condado. / H. Información (Huelva)

El presunto fraude fue denunciado ante la Fiscalía en 2016 por los cinco concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado. Entonces solicitaron al Ministerio Público que investigara al exalcalde, el independiente Francisco Díaz Ojeda, por "fraccionar el contrato para el montaje de la Feria" de 2014, de modo que esta división no superara la cuantía que obliga a sacarlo a concurso público.

Hoy, tres años después, el exregidor municipal bollullero se sienta en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva para responder por la autoría de un delito continuado de prevaricación.

La fiscal pide para él diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el abono de las costas.

Como consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Huelva Información, los hechos se produjeron entre julio y agosto de 2014. En ese plazo, Díaz Ojeda llegó a suscribir presuntamente ni más ni menos que seis contratos con la mercantil Espectáculos A. Conde SL. El objetivo era que esta se encargara de la "realización de servicios para la feria local de ese año", cuestión que motivaba todos los contratos.

Dice la fiscal que el exalcalde bollullero era "conocedor de que existía una serie de reparos por parte de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de dicho Ayuntamiento" y que vulneraba la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público, que indica literalmente que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan".

La acusación pública remarca que el primero de estos contratos tiene fecha de 23 de julio de 2014, "siendo su objeto la realización de los servicios de instalaciones para el alumbrado" por un montante de 20.570 euros.

El segundo es del 26 de agosto, para "servicios de instalaciones de un escenario y una carpa para la caseta municipal y otra carpa para la guardería de la Feria", por un importe de 16.407 euros. El mismo día el acusado firmó supuestamente otro con la misma empresa, cuantificado en 7.623 euros para "alquiler de sonido, iluminación y proyección para el pregón del acto del vino", y uno más por 10.994 euros para "la actuación de una orquesta".

Los dos últimos fueron suscritos el 28 de agosto de hace un lustro, el primero para "las instalaciones de la red de baja tensión y ampliación del alumbrado de la Feria de 2014 por un importe de 16.335 euros" y el segundo, para el "alquiler y suministro de módulos, servicios y camerinos para la referida Feria, por un precio de 13.302 euros".

En total, todo refundido en un único contrato hubiera dado lugar a 85.231 euros y esto obligaría a sacarlo a concurso público. Todo "siendo conocedor el acusado de los reparos de legalidad emitidos por la Intervención en el año 2013 incluso en años anteriores, por considerar que el proceder descrito constituía un fraccionamiento de contratos".

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