Los vecinos acuerdan la disolución de la Entidad de Conservación Nuevo Portil

La disolución de la Entidad de Conservación Nuevo Portil (ECNP) entra en su fase final. Los socios votaron a favor de la desaparición del consorcio en la última asamblea, así como una propuesta de liquidación. El proceso, que no ha estado exento de polémica, se inició cuando el Ayuntamiento rescató los servicios de jardinería y limpieza en el enclave costero tras las dificultades económicas por las que atravesaba la asociación. Tras el rescate, tan solo quedó el servicio de vigilancia en sus manos.

El alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, informó el pasado mes de mayo al Pleno de las últimas gestiones municipales que suponían "el primer paso, por parte del Ayuntamiento, para promover la disolución de la Entidad de Conservación de Nuevo Portil, aspecto que finalmente debían dilucidar los vecinos que la integran, y que son quienes tienen la última palabra al respecto".

Según el regidor, culminaba así por parte del Consistorio, un proceso largo y complicado", puesto que "hemos ido dando los pasos oportunos para llegar a la situación actual". Polo remitió entonces una carta al presidente de la entidad, comunicándole que con la recuperación por parte del Ayuntamiento de los servicios de limpieza viaria y jardines, concluía la tutela urbanística municipal, que se queda sin sentido".

En dicho escrito, el alcalde instaba al presidente a dar los pasos oportunos para proceder a la disolución de la entidad, con la convocatoria del consejo de administración, que debía aprobar dicha disolución con el respaldo del 80% de los vecinos que la integran. También debía presentar un plan económico de liquidación de las deudas pendientes, después de anunciar que el Ayuntamiento no asumiría ninguna deuda de la entidad.

El pasado 29 de julio los socios de la entidad, reunidos en asamblea, respaldaron casi por unanimidad la disolución del ente y la propuesta de liquidación de bienes. Hubo 946 votos a favor y 6 en contra.

Algunos vecinos han denunciado "irregularidades" en la convocatoria y proceso de votación de la asamblea, ya que, según informaron a este diario, "se ha celebrado sin el quórum necesario".

La Entidad de Conservación tenía inicialmente como finalidad el mantenimiento de los servicios, instalaciones y obras ejecutadas por la junta de compensación, la financiación de los costes implícitos en la conservación y mantenimiento de las obras de la mancomunidad, servicios e instalaciones y velar por la correcta presentación de todos los servicios públicos dentro de la mancomunidad, mediante la contratación de los mismos con las empresas suministradoras y/o entidades publicas.

También la prestación de los servicios de vigilancia privada de la urbanización, así como los servicios de jardinería de todo el recinto de la entidad, éste último cedido ya al Ayuntamiento.

La marcha y funcionamiento de la ECNP fue cuestionada por una parte de algunos vecinos de Nuevo Portil y grupos municipales que plantearon la disolución de la entidad.

IU ha celebrado el final del consorcio "tras más de un año de lucha de la asamblea local junto a los vecinos". La coalición ha mantenido una intensa campaña a favor de la disolución, a través de reuniones con vecinos y la Asociación Anti-Entidad, con acciones informativas y la difusión en medios de comunicación, con la recogida de medio millar de firmas y un intenso trabajo institucional para resolver un conflicto social y jurídico que llevaba abierto casi una década.

En septiembre de 2015, presentó su primera moción para la disolución de la entidad. Fue rechazada, pero IU perseveró y dos meses después se aprobó una segunda moción conjunta para la convocatoria de una asamblea vecinal que iniciara el proceso de desaparición.

Para IU Cartaya, el fin de la entidad es una victoria de la cooperación contra el escepticismo reaccionario y el conformismo social y destaca que los vecinos de Nuevo Portil no tendrán que seguir "pagando el doble" para recibir la mitad de servicios públicos municipales. Los miembros de la entidad debían costear la conservación y mantenimiento de los servicios, instalaciones y obras ejecutadas en la urbanización.

Sin embargo, según la coalición, ahora queda quizá la tarea más importante: garantizar la dignidad y el empleo de los 6 trabajadores a los que la entidad les adeuda más de 26.000 euros de su salario.

El proceso ha estado salpicado por la polémica y las quejas de otra parte de los vecinos a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que formuló incluso una resolución en la que reclamaba al Consistorio cartayero información sobre la Entidad de Conservación, a raíz de la petición realizada a su vez por varios miembros de la entidad relativa a asambleas, votaciones, levantamiento de actas, aprobación y otros datos. El Defensor recriminó al Ayuntamiento la falta de respuesta a los requerimientos realizados .

Este grupo vecinal del enclave costero ha venido denunciando que ni el Ayuntamiento ni el Consejo Rector ha atendido a sus requerimientos a pesar de "las ilegalidades y el deficiente funcionamiento que se ha producido en el seno de la entidad, una mala gestión que se traduce en una deuda que "ronda los 200.000 euros", debido a "graves anomalías en la contabilidad" como han detectado varias auditorías. Oficialmente, el último balance arroja en 2015 un saldo negativo de 13.000 euros.

Algunos de éstos vecinos han anunciado que no descartan ahora acudir a la Justicia.