Las tensiones que en materia de pesca mantienen históricamente España y Portugal, especialmente en la desembocadura del Guadiana, parecen no tener fin. Una situación que se mantiene a pesar de los tratados de pesca bilaterales que ambos países han firmado periódicamente desde 1986; de haber pasado más de tres décadas desde que ambos entraran simultáneamente en la Comunidad Europea; más de un cuarto de siglo desde la implantación del mercado único, la supresión de aduanas y la apertura de fronteras para personas, bienes, servicios y capitales; y 17 años desde la entrada en vigor de la moneda única.

Y es que los derechos de la flota española que faena junto a la portuguesa en aguas continentales del país vecino en el marco del actual acuerdo pesquero entre ambos, “siguen sin estar garantizados”, según señaló a Huelva Información Alonso Abreu, presidente de la Asociación de Armadores de Punta del Moral (Ayamonte), en el marco de la II Jornada Internacional que bajo el lema “Avanzando en nuestra modernización”, organizó dicha entidad como Organización de Productores OPP-80.

Según Abreu, “aún queda mucho por andar” en las relaciones hispano lusas en materia de pesca, a pesar de que “llevamos muchos años limando diferencias entre un país y otro”.

“Ha cambiado la forma, pero no el fondo jurídico, que es exactamente el mismo de hace 20 o 30 años”, precisó el máximo representante de los armadores ayamontinos en referencia al continuo apresamiento de buques pesqueros y tripulaciones españolas que se producía hace varias décadas en aguas lusas.

Actualmente hay seis embarcaciones españolas, cinco con base en Ayamonte y una en Isla Cristina, con licencia para faenar en Portugal

Es por ello que, entre los objetivos de la jornada, estaba “coordinar acciones para clarificar la actual legislación” para que “podamos acudir en condiciones de seguridad jurídica a ejercer nuestra actividad pesquera a aguas lusas”.

El problema está motivado, según Abreu, en que la estructura orgánica de Portugal “no es la mejor” y “es muy distinta a la nuestra”. “Mientras nosotros tratamos los asuntos pesqueros con una sola administración –añadió–, en Portugal hay que hacerlo con varias, entre ellas el ejército a través de la Policía Marítima, de la que depende buena parte de la inspección pesquera”.

Se trata de una institución militar “muy jerarquizada” y con la que “es complicado hablar” puesto que “en muchas ocasiones no atiende las directrices que les da la administración pesquera, además de tener “desconocimiento en materia de pesca” y de “no saber interpretar la normativa”.

Todo ello deriva, según Abreu, en que las autoridades lusas “intentan aplicarte su legislación interna”, sin tener en cuenta que los buques españoles que faenan en sus aguas continentales lo hacen bajo un acuerdo bilateral, y en el marco de las condiciones que marca la legislación europea, que tiene categoría jurídica superior y que, por tanto, debe prevalecer.

Intrvención de Rafael Centenera, subdirector general de Caldero Nacional y Aguas Comunitarias, en la jornada.

A nivel práctico, los problemas para la flota española, según Abreu, son la aplicación de una legislación que no le corresponde, por lo que cuando faena en aguas portuguesas “sus derechos no están garantizados y son vulnerados”.

Actualmente hay seis embarcaciones españolas (cinco con base en Ayamonte y una en Isla Cristina), con licencia para faenar en Portugal; así como cinco buques lusos con licencia para pescar en España. Motivo suficiente para “entender que las relaciones entre ambos países deben ser buenas en beneficio del sector a uno u otro lado de la frontera.

“Estamos intentando que haya equilibrio para que los barcos de ambos países, que tienen similares capacidades de pesca, puedan trabajar en similares condiciones, con los mismos horarios y las mismas oportunidades, porque si no es así se puede llegar a dar competencia desleal entre unos y otros”, concluyó.

La jornada se celebró en la Casa Grande y en la inauguración estuvieron la alcaldesa, Natalia Santos, que puso en valor la actividad pesquera en la ciudad, así como el trabajo de la OPP-80. También estuvieron el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta, José Manuel Martínez, quien abogó por la unión del sector e informó del nuevo marco de financiación para la actividad en el periodo 2021-2027; y Rafael Centenera, subdirector general de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la jornada también se abordaron asuntos como la aplicación de las nuevas tecnologías a los trámites de despachos de buques; prevención de riesgos laborales en la pesca; gestión de la pesquería del pulpo; registro horario de jornada laboral y condiciones de trabajo en el sector o retos abordados en el segundo año de existencia de la OPP-80 y sus perspectivas de futuro.