El PP destaca el decreto sobre viviendas ilegales que beneficiará a 32.000 familias en Huelva

El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, resaltó en una visita a Aljaraque la aprobación en el Parlamento de Andalucía del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que el nuevo gobierno andaluz pretende “solucionar el problema de las viviendas irregulares que en la provincia de Huelva afecta a casi 32.500 casas”.

González señaló que “con la norma se pone fin a años de caos jurídico y se resuelve el problema de las viviendas irregulares” que en Andalucía atañe a más de 300.000 familias, las cuales “en muchos casos no disponían de servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad”.

El presidente del PP onubense apuntó que “en Andalucía existe un problema respecto a las edificaciones al margen de la legalidad urbanística generado por años de gobiernos socialistas”, a lo que añadió que “la situación viene de lejos, sin embargo, los que la provocaron no supieron resolverla con éxito”. En contraposición, la nueva Junta de Andalucía, en “tan solo ocho meses”, con esta medida “garantiza y ofrece a muchas familias onubenses las condiciones mínimas de seguridad y salubridad en las edificaciones”.

Asimismo, afirmó que con el decreto se clarifica el tratamiento de Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) con el que podrán inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad.

En la provincia de Huelva hay un total de 32.440 viviendas ilegales en la provincia, repartidas entre la zona del Condado-Marismas (8.170), Andévalo y Minas (7.023), Zona Metropolitana de Huelva (4.506), Costa Occidental de Huelva (3.509) y Sierra de Aracena (9.232).

La medida afecta a las viviendas irregulares sobre las que la Administración ya no puede actuar de otro modo, por haber transcurrido el plazo legal para iniciar actuaciones al respecto. “No se trata de una legalización de las casas, sino de su reconocimiento de irregular” que, al prescribir, permite que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad y obtener servicios básicos.