La provincia de Huelva cuenta con un total de 32.440 viviendas ilegales, lo que supone el 11% de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son datos facilitados ayer por La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares. Éste buscar integrar, normalizar y equilibrar el territorio, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la provincia, según explicó la delegada.

Por comarcas, la Sierra de Huelva es la que más viviendas irregulares tienen con 9.232, seguida del Condado-Marismas con 8.170. El Andévalo y la Cuenca Minera es la tercera zona con más edificaciones en situación de irregularidad con un total de 7.23, mientras que la Costa Occidental tienen 3.509 y zona metropolitana de Huelva y el entorno 4.506 viviendas de estas características. Según estos datos, Huelva es la provincia andaluza que posee menos viviendas irregulares, al menos reconocidas.

Por municipios Almonte destaca en cuanto a edificaciones irregulares. Especialmente significativo es el caso de la ecoaldea El Calabacino en Alájar. Más de 32.000 familias onubenses podrán beneficiarse del Decreto Ley.

Bella Verano ha manifestado que “dicho Decreto, en cuyo desarrollo será fundamental la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, pone fin al caos urbanístico existente y pone el acento en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites”. Más de 32.000 familias onubenses podrán beneficiarse del Decreto Ley.

Las edificaciones en suelo de especial protección no pueden acogerse al Decreto de normalización

El Decreto amplía la declaración de asimilado a la de fuera de ordenación AFO que permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado así como realizar otras obras de reparaciones.

Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (6 años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección como es el caso de la Sierra y la zona de Doñana.

Verano indicó que los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Bella Verano detalló que los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.Además, puntualizó que “con este Decreto no se pretende dar una amnistía, ya que la Junta de Andalucía será muy escrupulosa sobre todo en lo que afecta a la protección ambiental que en nuestra provincia tiene una especial importancia”.

Nueva Ley del Suelo

No obstante, reconoció que en la provincia onubense “existe un grave problema generado por aquellas edificaciones construidas al margen de la legalidad urbanística y sobre las que ya no es posible actuar por lo que no tienen garantizadas unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad”.

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha valorado que el Decreto Ley y ha asegurado que la incapacidad y la falta de voluntad del Gobierno socialista anterior tenía atrapados a más de 32.000 familias en la provincia”.

El Decreto Ley de urgencia “será derogado cuando se apruebe la nueva Ley del Suelo, porque incorporará todo su contenido”, según explicó el parlamentario onubense, “impone también medidas para corregir los efectos del crecimiento desorbitado e indiscriminado, que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo”.