El proyecto del Gobierno de España de implantar peaje en las autopistas y autovías a partir de 2024 ha provocado un aluvión de críticas por parte de los agentes económicos y sociales de Huelva, especialmente por los sectores más afectados como la agricultura, el transporte y el turismo.

Huelva cuenta con 481 kilómetros de carreteras de titularidad estatal, aunque el documento trasladado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas plantea inicialmente la imposición a partir del año 2024 de peajes en la red de alta capacidad de titularidad estatal, es decir, autopistas y autovías.

En el caso de la provincia onubense, supondría el pago por circular por un total de 137,190 kilómetros, según el último catálogo de la Red de Carreteras del Estado publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el año 2018.

El tramo más largo en el que podría implantarse el peaje anunciado en la provincia de Huelva corresponde a los 101,51 kilómetros de la A-49 que discurren entre Chucena y el paso fronterizo con Portugal por Ayamonte. La segunda vía en número de kilómetros serían los 10,77 kilómetros de la H-30, que discurre entre la capital provincial y Gibraleón.

Otra de las vías afectadas sería a priori la A-66 (vía de la Plata), en concreto el tramo de 18,07 kilómetros que discurre por Santa Olalla del Cala, entre El Ronquillo (Sevilla) y Fuente de Cantos (Badajoz).

Finalmente estarían los 6,84 kilómetros de la H-31, que discurre entre Huelva y la A-49 en dirección a Sevilla.

El gobierno baraja cobrar un céntimo de euro por kilómetro

Quedan fuera de esta categoría los 11,36 kilómetros con que cuenta Huelva de vías catalogadas como "carreteras multicarril" y los 332,45 kilómetros de carreteras convencionales.

Aunque aún no existe ninguna información oficial y son varias las tarifas que se barajan, hay fuentes que indican que el Gobierno tiene ya una primera evaluación del precio que pretende cobrar como peaje en las autovías españolas a partir de 2024, y trabaja con un precio de un céntimo de euro por kilómetro como recargo a quienes circulen por las vías de alta capacidad del Estado.

Tomando como referencia esta estimación de un céntimo por kilómetro, viajar de capital a capital entre Huelva y Sevilla supondría un coste de 0,93 euros.

A Madrid, el recargo sería de unos 6,12 euros, siempre y cuando se viaje por carreteras de titularidad estatal, mientras que el coste de un viaje más largo como de Huelva a Barcelona oscilaría entre los 10,9 y los 12,35 según se opte por la ruta que discurre por el centro de la Península, o por la del Mediterráneo, y como en el anterior caso viajando por vías de titularidad estatal.

El Ejecutivo prevé cobrar ese céntimo de euro a partir de 2024 y abrir a las comunidades autónomas la posibilidad de que sumen su red de carreteras a este tipo de peajes a partir de esa fecha.

La autovía A-49 a su paso por el término de Cartaya

Rechazo generalizado de la medida por los agentes sociales y económicos de Huelva

Los agentes económicos y sociales onubenses han sido contundentes en su rechazo al proyecto de implantar "un mecanismo de pago" por el uso de la red estatal de alta capacidad -autovías y autopistas- a partir del año 2024. No solo por los efectos directos de la medida en las carreteras onubenses en las que se implantaría este nuevo canon, sino también por las consecuencias que tendría para algunos de los sectores que constituyen los pilares sobre los que se asienta la economía de la provincia como el turismo o la agricultura y la exportación de productos agrícolas, especialmente por ser Huelva una provincia periférica cuyos principales accesos son por carretera.

Antonio Perera, presidente de la Asociación de Transportistas Onubenses -ATO-, adscrita a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España -Fenadismer-, ha manifestado a Huelva Información su "firme oposición" a cualquier impuesto que grave las infraestructuras ya que para dicho sector supondrá que los transportistas "contribuyan doblemente por la misma finalidad, ya que este impuesto se sumaría al de circulación y al de los hidrocarburos".

En este sentido ha subrayado que "siempre ha sido relevante" la oposición que la Unión Europea de Transportistas por Carretera -UETR-, a la que pertenece Fenadismer, hacia la implantación de la Euroviñeta, un proyecto comunitario "que hasta ahora el Gobierno de España siempre ha rechazado".

Protesta en 2011 contra los peajes impuestos por el Gobierno luso en la Vía do Infante

Para Perera, el mecanismo de pago que estudia ahora el Gobierno "perjudicaría las exportaciones" ya que "por la situación periférica de España, nuestros transportistas tienen que recorrer muchos más kilómetros que los de otros países para llegar a los principales mercados del centro de Europa".

El presidente de ATO ha recordado finalmente el apoyo tanto de su organización, como de Fenadismer, a las protestas organizadas en 2010 en Portugal contra la implantación de peajes por parte del Gobierno luso en las autovías Scut, como es el caso de la Vía do Infante que recorre de este a oeste la región del Algarve.

Por su parte el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha lamentado en declaraciones a esta redacción que el Gobierno, "no solo no ha atendido nuestras peticiones sobre los incrementos de los costes en nuestra actividad derivados de la pandemia, sino que ahora prevé una medida que va a suponer asumir otro coste más por parte de los productores de berries de Huelva, que, además, somos los que estamos más lejos en distancia de los mercados centrales de Madrid, Barcelona o Valencia, entre otros, así como de las plataformas de las cadenas de supermercados".

Es por ello que, para Freshuelva, la medida "sería un duro hándicap que se traduce en un importante coste añadido a la producción de nuestra fruta, que en un 99% se transporta en camiones frigoríficos, tanto al mercado nacional como para su exportación a Europa", por lo que es una medida con la que "no estamos para nada de acuerdo".

El sector turístico onubense también se ha revelado contra el futuro impuesto, que para Rafael Barba, secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, es "una auténtica barbaridad y todo un despropósito que va nos va a afectar muy negativamente".

Barba ha subrayado por otra parte que esta medida llegaría "mientras el sector está trabajando por intentar facilitar la llegada de visitantes al destino Huelva, una provincia cuyos principales accesos son por carretera, que es por donde llega la inmensa mayoría del turismo nacional".

También en representación del sector turístico Juan Zapata, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Establecimientos Turísticos, además de gerente del hotel Puerto Antilla de Islantilla, ha valora "muy negativamente" las intenciones del Gobierno poniendo el acento en la "pérdida de competitividad del sector frente a destinos de otros países" ya que la medida "encarecería nuestra oferta".

"Cualquier impuesto que grave la llegada de turistas a Huelva es muy negativo -ha añadido- por ser ésta una provincia periférica y porque sus principales accesos son por carretera, encareciendo por tanto los costes del viaje".

Imagen de archivo de una de las protestas contra el peaje en la Vía do Infante, en el Algarve portugués

Finalmente Sebastián Donaire, secretario general de UGT Huelva, también ha valorado inicialmente de forma negativa la medida ya que "hablar ahora de implantar cualquier impuesto no es bueno en la situación en que nos encontramos", por lo que la ha tachado de "insolidaria".

A pesar de mostrarse cauto hasta conocer los detalles de la medida, ha indicado que "nos parece que todo lo que sea grabar ahora con nuevos impuestos a las familias y a los ciudadanos es crear más dificultades económicas".

Finalmente ha subrayado que, en materia de transportes, los ciudadanos "ya pagan el impuesto de circulación y el de los hidrocarburos, por lo que esto sería como duplicar pagos".