El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha formulado, a iniciativa del diputado Juan López de Uralde, dos preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados relativas a la regulación de ecoaldeas como la de El Calabacino, en Alájar, como "sistemas de vida sostenible" y para las que se solicita respuesta escrita.

En el documento, al que ha tenido acceso Huelva Información, la formación cuestiona si “¿está dispuesto el actual Gobierno a asumir las carencias de regulación legal estatal para dar cabida a esta oportunidad única de visibilizar, favorecer y valorar socialmente y políticamente las ecoaldeas? ¿Cuál es su valoración al respecto?”.

En paralelo, inquiere a la Cámara Baja sobre si, después de que las conclusiones a las que llegó la comunidad científica en el simposio Desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos –celebrado en la Universidad de Huelva a finales de abril–, “tiene pensado el Gobierno elaborar una hoja de ruta para implementar las medidas necesarias para que en los espacios naturales protegidos se puedan desarrollar ecoaldeas como parte de la estrategia de autoprotección de los propios Parques Naturales”.

Hay que recordar que en aquella declaración institucional del simposio celebrado en Huelva, los expertos instaban a la Fiscalía a retirar la acusación contra los vecinos procesados y solicitaban a las administraciones que buscaran una vía, más allá de los tribunales, para solucionar la situación de los encausados por edificar de forma ilegal en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se ubica la ecoaldea.

En este sentido, Podemos recalca al Congreso que en la declaración onubense se concreta que “las normativas nacionales, autonómicas y locales que regulan la protección de los espacios naturales se encuentran desactualizadas respecto de las interacciones armónicas antrópico-naturales más recientes, como las practicadas en las ecoaldeas, dejando en muchos casos a estos asentamientos en un limbo jurídico cuya existencia y funcionamiento depende de las variables interpretaciones jurídicas de las diferentes administraciones públicas implicadas en su regulación”, caso de El Calabacino.

La presidenta del colectivo vecinal de la aldea onubense, Cecilia Rodríguez, valora positivamente la iniciativa de Podemos y espera que el Ejecutivo ofrezca una salida a los habitantes de esta singular población serrana.