La Fiscalía y los acusados por edificar una vivienda en la zona del Calabacino, dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en el término municipal de Alájar, acordaron ayer en el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva, una condena de conformidad de 18 meses de prisión y 1.800 euros de multa, aunque suspenden la ejecución de la misma por entender que la actual modificación del PGOU de la localidad, puede derivar una futura legalización de la misma. Así lo manifestó a Huelva Información Ignacio Martínez, el abogado que defiende los intereses de los acusados, quien expuso su esperanza en que el acuerdo alcanzado, "puede suponer una adecuación de la legalidad a la realidad social que se vive en la zona y que no contempla la presencia humana en el espacio protegido, a pesar de que se ha demostrado que es beneficiosa para su conservación".

Según el escrito del Ministerio Público al que tuvo acceso Huelva Información, "los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio", por el que se les impone una pena "de un año y seis meses de prisión" y "multa de doce meses con una cuota diaria de cinco euros" (lo que contabiliza un total de 1.800 euros). Asimismo "procede acordar la demolición de las construcciones a cargo de los acusados y previa elaboración de los mismos de un proyecto técnico que, con licencia del Ayuntamiento y el Visto Bueno de la Dirección del Parque Natural, garantice la restauración total del espacio natural afectado". Además señala que "no procederá dicha demolición si en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa".

El letrado que representa los intereses de los condenados, Ignacio Martínez, expuso su "convencimiento de que las administraciones sepan adaptar las normas por las que ahora se rigen, por eso espero que el Ayuntamiento de Alájar, que en la actualidad está en pleno proceso de elaboración de su PGOU, pueda dar cabida a estas ecoaldeas" en las que las viviendas "son las residencias habituales de las familias". En la misma línea, espera que "esta sentencia marque las que tenemos a partir de ahora, porque hay 24 familias implicadas en ello".

Para Martínez, se trata de una adaptación de la actual legislación de Montes "que data del año 1957, de tiempos preconstitucionales, de la época del Infoca; ahora es necesario adaptar su filosofía para adaptarla a nuevas figuras que entonces era imposible imaginar. Se parte de que el monte cuanto más virgen mejor, aunque estas personas, al igual que sucede en otros lugares, han demostrado que una actividad sostenible en el mismo, ayuda a conservar mejor el medio ambiente". En esa línea "tenemos que trabajar, tanto con el Ayuntamiento, como con la Junta de Andalucía para que se reconozca una manera de entender la defensa del entorno que no produce nada más que beneficios; no entendemos que vaya a concretarse en un desalojo por parte de las fuerzas de seguridad". El letrado recordó en este sentido "la cercanía de las elecciones municipales", así como que los residentes en la aldea "representan el 20% de los votantes de la localidad".