Todos los agentes públicos y privados afectados por la reforma de la Corona Norte de Doñana están citados el próximo 29 de marzo en el Parlamento de Andalucía, donde deberán posicionarse sobre la proposición de ley que regula los regadíos en el entorno de Doñana, entre ellos la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ese día tiene Consejo de Ministros para aprobar las rebajas de impuestos por la subida de precios.

Las comparecencias se desarrollarán ese día en turno de mañana y tarde, en la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y la vicepresidenta tercera del Gobierno está citada a las 18:40. Además, en las citaciones, que son voluntarias, se incluye a representantes de los ayuntamientos afectados, organizaciones de agricultores, el Espacio Natural de Doñana, y regantes, entre otros, según la relación registrada este jueves en la Cámara autonómica.

Los ayuntamientos citados son los de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, a los que se añade la convocatoria de la Diputación de Huelva, de la UGT, de CCOO y de WWF. Además se llama a la plataforma de regantes del Condado de Huelva, a UPA Andalucía, a ASAJA, al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Comunidad de Rentes del Condado de Huelva, a la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa, y la Asociación de Regantes de Huelva.

Estas comparecencias forman parte de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada por PP, Cs y Vox para aprobar una nueva regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, que obtuvo la abstención del PSOE en el Parlamento.

La supuesta ampliación de los regadíos, si bien los promotores y agricultores insisten que no se van a sumar más hectáreas que las algo más de 750 que quedaron fuera de la ordenación inicial, cuenta en el rechazo del Gobierno central, de la Unesco y de la UE, que ha advertido sobre las consecuencias y el "peligro" de la iniciativa, así como sobre la posibilidad de sanciones a España.

El Gobierno andaluz asegura que no habrá una ampliación de los regadíos, que se busca dar solución a un problema enquistado desde hace años y que habrá una protección absoluta de Doñana.