Una grave acusación que 'bebe' de la fuente del empresario Rafael Barroso

El 'caso Aljaraque' saltó a la luz pública a través de una sola fuente, la del empresario Rafael Barroso. Este llevó a la Fiscalía Especial para delitos económicos una información que apuntaba al presunto enriquecimiento ilegal de los imputados Casto Pino y Juan Manuel Orta. En principio la denuncia se circunscribe a la última década en Aljaraque, es decir al Gobierno del Partido Popular, y a la acción de gobierno de Pino y Orta. Ambos, presuntamente, se habrían valido de su cargo municipal para amasar una fortuna de nada menos que treinta millones de euros cada uno.

El grifo abierto por Barroso aporta un caudal de agua muy negra sobre las finanzas y el urbanismo municipal y adelanta que Orta firmó convenios urbanísticos a cambio de dinero B no declarado.

El caso no ha alcanzado la dimensión de la malagueña 'Operación Malaya' pero destapó en Huelva el supuesto cobro de comisiones ilegales. Un tema que recorrió como un escalofrío los ámbitos de la construcción onubense. El mismo Barroso daba fe de que había sido objeto de chantajes en los años 2003 y 2004 cuando trataba de negociar un proyecto particular. Rafael Barroso no se quedaba en la mera denuncia periodística sino que guiaba a los investigadores a la supuesta cueva de Alí Babá. Allí, decía, se encontraban las inversiones de sus acusados en forma de bienes inmuebles de distinta naturaleza: fincas urbanas o rústicas, solares, acciones, fondos de inversión y compra de artículos y bienes de lujo, como vehículos, viajes y joyas. Incluso un vuelo de helicóptero sacaba a relucir aficiones cinegéticas aunque, eso sí, por lo menos no estaban los caballos escuálidos parecidos a los que dejó el famoso Roca. Un alivio.

Al ex alcalde le atribuía supuestamente la titularidad de 1.200 metros de parcela urbana en la exclusiva Dehesa Golf, un enorme chalet de tres plantas o un adosado en La Redondela amén de una vivienda en Sierra Nevada. A Casto Pino le adjudica presuntamente 21.000 metros cuadrados a un precio de compra de 90.000 euros, una parcela en la Dehesa recalificada, dos edificios industriales en La Raya y una finca de 305 hectáreas.

Barroso decía lacónicamente en esos días de urbanismo y rosas: "Esto acaba de empezar". Y comenzar lo que se dice comenzar sí que lo ha hecho pero sin su personación. Está por ver el final de un caso que se puede alargar en el tiempo tanto que puede bordear la fecha mágica del 27 de mayo de 2011, cuando se celebran otra vez elecciones municipales.