La Fiscalía desenreda en solitario el entramado urbanístico

A primeros de enero de 2007 el empresario onubense Rafael Barroso soltaba una potente bomba de racimo, dotada de un explosivo mortífero que estalla periodísticamente al instante pero que deja en el suelo pequeños detonadores que van causando estragos con el tiempo. Acusaba al ex alcalde de Aljaraque, el popular Juan Manuel Orta, y a su concejal de Urbanismo, Casto Pino, de amasar una verdadera fortuna de forma ilegal. Nada menos que le atribuyó una cosecha especulativa de sesenta millones de euros. Una cantidad que habría sido conseguida a base de supuestas corruptelas, cobros de comisiones y variopintas estrategias contables y registrales de una más que dudosa legalidad.

Faltaban unos meses para las elecciones municipales de mayo de 2007 cuando el 'tempo' marcado por el denunciante puso sobre la mesa doce años de gobierno, recalificaciones por doquier, comisiones, presuntos chantajes y miles de viviendas y solares de nueva construcción que habían subido de precio como la espuma en muy poco tiempo.

Apenas un año después, el pasado dos de abril, el Juzgado de Instrucción número tres de Huelva ordenaba la detención del ex alcalde y el edil de Urbanismo, además de la mujer de Casto Pino y un socio del gabinete de Juan Manuel Orta. Un día después salieron en libertad tras pasearse por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y los juzgados de la concurrida Plaza del Velódromo.

No fue necesario que pagaran fianza aunque se tomaron medidas cautelares respecto al pasaporte y sus propios bienes que actuaran de garantía o aval de responsabilidad. Pero sí pesa sobre sus cabezas la comisión de varios presuntos delitos de falsedad documental y fraude fiscal.

Desde esa semana trágica poco se sabe del caso. Y eso que ambos acusados deben presentarse cada quince días en las dependencias judiciales a firmar tal y como se marcó desde la instancia judicial.

Pero desde la noche de autos el caso se ha ido moviendo lentamente al margen de los focos públicos.

La investigación ha recaído en el Servicio de Vigilancia Aduanera, adscrito a la Agencia Tributaria española, cuerpo que ha tenido que investigar decenas de datos fiscales, declaraciones de Hacienda, notariales y registrales para ir tirando del ovillo urbanístico.

De momento, han desfilado por las oficinas personas vinculadas al mundo de la construcción de Huelva y también de la custodia de finanzas y encargados de la firma de operaciones inmobiliarias. Nada se sabe de la toma de declaración a funcionarios municipales del Ayuntamiento de Aljaraque. Un aspecto que daría otra dimensión al caso.

Durante los años de mandato de Juan Manuel Orta y Casto Pino la venta de suelo ha sido la mayor fuente de recursos municipales. Oficiosamente se calcula que la venta de suelo ha reportado al erario público unos 120 millones de euros. Una cantidad equiparable al precio del Ensanche onubense y La Peguera en Punta sumados.

Lo que sí ha llamado la atención es que el denunciante, Rafael Barroso, no se haya personado como parte en el proceso abierto y que descansa en el Juzgado número tres de Huelva. Una dependencia que muy pronto cambiará de responsable, lo que sin duda retrasará algún tiempo el procedimiento. Por tanto, el peso de las investigaciones ha recaído en manos de la Fiscalía. En ámbitos judiciales resulta normal pero los tambores mediáticos auguraban más actores en la pasarela. Tampoco se ha personado el Ayuntamiento de Aljaraque en la causa para defender la integridad del erario público y los supuestos quebrantos que habrían causado los imputados al pueblo, si esto se llegara a demostrar.

De momento, solamente las defensas, encarnadas en el prestigioso bufete de Francisco Baena Bocanegra, en el caso de Casto Pino; y de Manuel Macías, en el de Orta, amén del Ministerio Fiscal, tienen acceso a las diligencias practicadas y al amplio informe redactado para tratar de aportar luz a los hechos. Tampoco hay aún escrito de acusaciones provisional ni se vislumbra a corto plazo. Un paso que abrirá la lata para fijar el juicio si finalmente se tomara esta decisión.

La Junta de Andalucía tampoco ha tomado partido en el procedimiento después de que el ya ex delegado andaluz en Huelva, Justo Mañas, declarara que las acciones llevadas a cabo por Pino y Orta en materia urbanística no eran del agrado de la Administración andaluza si bien fueron llevadas a cabo dentro de los cauces legales que marcaba la legislación. Ni siquiera Izquierda Unida, que ostenta en la actualidad la concejalía de Urbanismo de Aljaraque y sustenta al Gobierno del socialista José Martín, concurre en la causa. Y eso que en su día tomó la decisión de extremar las medidas de seguridad sobre los documentos urbanísticos que estaban bajo su custodia. No hay pues acusación popular que intervenga en un caso cuyo peso recae, a día de hoy, al completo en la Fiscalía.