Sindicatos, ONG y municipios freseros apoyan eliminar los campamentos

El Ayuntamiento de Moguer y organizaciones no gubernamentales que desarrollan su labor en Huelva trabajan en un protocolo para evitar la proliferación de los asentamientos de inmigrantes en los municipios freseros, que este año "se han visto aumentos de manera considerable".

Según informó el Ayuntamiento de Moguer en un comunicado, estos asentamientos existen en la práctica totalidad de los municipios freseros onubenses y es necesaria su erradicación, por las situaciones de insalubridad y riesgo de incendios que conllevan y la atención de las personas que residen en ellos, la mayoría de origen subsahariano.

La comisión de trabajo considera que la mejor época para realizar estos levantamientos es el verano ya que en estos meses la presencia de inmigrantes en la comarca desciende notablemente y además en esta estación aumenta el riesgo de incendio, por los materiales altamente inflamables con los que se construyen las chabolas, y el de infecciones o plagas de insectos.

Según la fuente municipal, el protocolo debe contemplar no sólo la retirada de los materiales y la limpieza de los terrenos afectados, sino especialmente la atención a las personas afectadas ya que por encima de todo se trata de un problema social y asistencial que requiere de una solución también humanitaria.

Al documento marco se invitará a los ayuntamientos de todas las zonas freseras de la provincia, administraciones regionales y nacionales y también asociaciones empresariales del sector.

Trabajan en este protocolo Cruz Roja, Cáritas, la Fundación de Trabajadores Extranjeros de Huelva (Futeh), la Comisión Católica Española de Inmigración (Accem), Huelva Acoge, la Asociación de Ecuatorianos Los Andes, la Comisión Española para la Atención Inmigración (Cepaim), y UGT y CCOO.

La integración de los inmigrantes es esencial en los pueblos freseros, máxime cuando los resultados de la tercera edición de la encuesta sobre Opiniones y Actitudes de los Andaluces ante la Inmigración (OPIA-III), realizada por el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, evidencian que la situación de crisis económica, y notablemente sus nefastas implicaciones para el mercado laboral, se reflejan en la valoración de la inmigración económica con destino a Andalucía, protagonizada fundamentalmente por personas procedentes de países con un menor nivel de desarrollo. Así lo demuestra el hecho de que la proporción de andaluces que manifiestan una valoración negativa del hecho migratoria asciende al 54,5%, con respecto al 35% aproximadamente de la anterior encuesta.

El reflejo de la dura realidad económica-laboral actual se aprecia sobre todo donde más directamente afecta al hecho migratorio, esto es, en la evaluación de su papel en un mercado laboral profundamente tocado por la intensa recesión que sufre España, y en su seno Andalucía, desde hace aproximadamente dos años, según se desprende de la encuesta, recogida por Europa Press.

En referencia a los efectos positivos percibidos por la sociedad andaluza, la primera respuesta es que "pocos o ningún efecto positivo" con un 37,2%, frente al 22% de las anteriores OPIA.

En cambio las respuestas referidas a la aportación que los inmigrantes realizan como "mano de obra necesaria o barata", primer efecto positivo en las encuentras anteriores, bajan a un 27,4%.

Los efectos negativos percibidos de la inmigración están encabezados por afirmaciones como "quitan puestos de trabajo o aumentan el paro", que alcanzan un 45%, frente a algo más del 30% de 2008. No obstante, resalta que la relación de este fenómeno con la inseguridad ciudadana ha disminuido hasta diez puntos.

El porcentaje de andaluces que declara su acuerdo con la idea de que "los inmigrantes hacen una importante aportación al desarrollo económico de Andalucía" desciende 18 puntos porcentuales respecto a 2008, situándose en el 41%, a la vez que aumentan aquellos que consideran que "muchos inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por gente de aquí", que son "uno de cada dos andaluces".

Si bien uno de cada dos andaluces también sigue considerando necesaria la mano de obra inmigrante en Andalucía asociada principalmente a determinadas ocupaciones y sectores.