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La Junta rechaza la nueva ley de Patrimonio Histórico Español

  • La consejera asegura que la nueva norma afectaría a la Ley andaluza y rompería el acuerdo Junta-Estado sobre requisitos para obras en BIC

Reunión entre la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y el alcalde de La Palma del Condado

Reunión entre la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, y el alcalde de La Palma del Condado / H.I.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado que el anteproyecto de modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que tramita el gobierno de Pedro Sánchez plantea “un inaceptable recorte de competencias a las comunidades autónomas y a los municipios en las tareas de protección, conservación y difusión de los bienes patrimoniales”, por lo que, ha insistido, “la Junta de Andalucía presentará alegaciones para impedir este ataque competencial y salvaguardar el patrimonio andaluz”.

A la conclusión de un encuentro con el alcalde de La Palma del Condado y presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Del Pozo ha detallado que “la nueva norma legal estatal extiende los estándares de protección a la legislación autonómica, convirtiéndola en norma básica cuando son legislaciones concurrentes” e, incluso, “rompe el acuerdo entre Junta y Estado del pasado 25 de septiembre sobre los requisitos de obras en un BIC”.

“Es curioso lo poco que le importa al gobierno de Pedro Sánchez ceder competencias a otros territorios y el ataque que pretende hacer a las competencias de las comunidades autónomas con más patrimonio y a los municipios históricos”, ha indicado la consejera de Cultura, quien ha lamentado que “nos anuncien una modificación de una ley del siglo pasado en lugar de traer una ley acorde con nuestro siglo que no resuelve problemas, sino que los crea; que no simplifica las tramitaciones administrativas, sino que las multiplica”.

En este punto, la consejera ha recordado que “la Ley de Patrimonio Español data de 1985 y, desde sus inicios, ha tenido muchas deficiencias tanto en la concepción del patrimonio como en su aplicación, carencias que hemos padecido las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. “Esperábamos que, más que una reforma, se diera impulso a una norma que recogiera todas las novedades en la definición del patrimonio y compatibilizara protección y desarrollo”, ha explicado porque, en su opinión, “la mejor manera de conservar el patrimonio es vivirlo”.

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