La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) suprimió en el presupuesto para 2023 la dotación económica que percibían los grupos políticos representados en esta asociación de municipios. La entidad ya reflejó esta eliminación en sus presupuestos aprobados el pasado mes de diciembre. No obstante, la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) señaló en una nota de prensa su intención de abrir una investigación por estas partidas. 

El importe de esta dotación, que se recaudaba a través de la empresa de Gestión Integral del Agua de Huelva SA (GIHASA), ascendió en el ejercicio 2022 a 546.200 euros. "Como una medida más de contención hemos decidido la supresión de las asignaciones económicas a los grupos políticos representados en el Pleno”, reveló la presidenta de la MAS, Laura Pichardo.

La representatividad de los municipios en el pleno de la mancomunidad a través de grupos políticos y las asignaciones económicas reconocidas a los mismos se producía en virtud de un acuerdo del pleno de la mancomunidad de 24 de julio de 2019 fue denunciada ante la OAAF. La Junta de Andalucía en mayo de 2022 remitió a la mancomunidad un requerimiento sobre la nulidad de dichas decisiones.

La Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la OAAF entiende que estos hechos pudieran suponer una quiebra de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en el sentido de que es el municipio el que designa a sus representantes en función del resultado electoral, lo que no implica que sea a través de la existencia de grupos políticos en sus órganos de gobierno, más cuando los estatutos de la mancomunidad fueron modificados en este sentido.