El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Huelva ha instado al Pleno del Ayuntamiento de Almonte a proceder a la ejecución de la sentencia firme por la que deberá tramitar el procedimiento de revisión de oficio de la compraventa de dos fincas de La Dehesa Santa María y elevarlo al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, que será quien determine si la transacción para adquirir estas fincas rústicas a precio de oro por el Consistorio en 2006 es nula de pleno derecho o no. Así consta en la resolución judicial a la que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información y que en los próximos meses podría desatar un auténtico terremoto político en la localidad del Condado.

Esto que tendrá que abordar el Consistorio en la próxima sesión plenaria de octubre por imperativo legal (en la de este jueves no dio tiempo a debatir el punto presentado de urgencia por la mañana), debió ocurrir ya en octubre de 2014. Pero no prosperó debido al posicionamiento del tránsfuga popular Alberto Mondaca, que se alineó con la oposición socialista de entonces.

Recordemos que la Alcaldía estaba hace seis años en manos del PP de José Antonio Domínguez Iglesias, quien además había llevado el caso a los tribunales, donde llegaron a figurar diez imputados, entre ellos el exalcalde socialista Francisco Bella; su sucesora, Rocío Espinosa, o la edil Azucena León.

La oposición del Pleno a elevar la cuestionable transacción municipal de 2006 al Consultivo motivó el recurso que el concejal y portavoz del Grupo Municipal del PP de Almonte, José Joaquín de la Torre, decidió interponer a finales de 2014 contra aquel acuerdo por el que se denegó la apertura del procedimiento de revisión de oficio. El titular del Contencioso-Administrativo 3 de Huelva, el magistrado Juan Luis Rodríguez Ponz, le dio la razón.

El Ayuntamiento, con Bella al frente, desembolsó 4,3 millones de euros por las dos fincas, un sobrecoste del 62%

Bajo la premisa de que el movimiento del popular De La Torre atendía a una "artimaña jurídica" contraria a la decisión democrática del Pleno municipal, el Ayuntamiento de Almonte (ya con Rocío Espinosa al frente), combatió la sentencia de instancia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero la jugada no salió bien.

El 4 de marzo del presente año, la Sala de lo Contencioso del tribunal andaluz zanjaba el asunto, desestimaba la apelación municipal y confirmaba la sentencia onubense. Y esta, básicamente, deja "sin efecto" el acuerdo de 2014, lo que obliga a la Corporación actual a impulsar la apertura del procedimiento de revisión de oficio relativo a la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de septiembre y octubre de 2006, por los que el equipo de Gobierno de Francisco Bella (entonces socialista, hoy en Ilusiona) llevó a cabo la compra de las dos fincas de La Dehesa Santa María por 4,3 millones de euros, un 62% más de su valor de mercado (+2,6 millones de euros).

Lo previsible es que en el mes de octubre, en efecto, el Consistorio abra ese expediente, realice el informe preceptivo y lo remita al Consejo Consultivo, órgano independiente regional en cuyas manos reposará la decisión de si la transacción urbanística de Bella y los suyos es nula de pleno derecho o no.

Rocío Espinosa y Francisco Bella, en junio de 2006.

De optar por la nulidad, el Ayuntamiento estaría obligado a retrotraer los actos de compraventa al inicio de la transacción: las fincas de La Dehesa Santa María regresarían a manos de sus propietarios y los 4.361.000 euros, a las armas municipales.

La vía administrativa es la única que sigue viva para este asunto. La penal se finiquitó en el momento en el que el PSOE recuperó el bastón de mando (2015) y retiró la acusación contra, entre otros, su propia alcaldesa, Rocío Espinosa.

Es menester destacar que la compraventa de los polémicos terrenos nunca pasó por el Pleno municipal en 2006, sino que se impulsó desde la Junta de Gobierno Local. La oposición ni se olió el movimiento. El expediente administrativo se inició y terminó en el plazo de una semana, como consta en la documentación oficial.

Aunque en un principio se vinculó la adquisición de estos terrenos –que se encuentran a varios kilómetros de Almonte– a la edificación de una ciudad deportiva o de un complejo turístico, lo cierto es que a día de hoy permanecen baldíos y apenas sirven para que los animales pasten.