El equipo de gobierno socialista de Almonte compró en noviembre del 2006 cuatro fincas con una extensión total de 153 hectáreas en la Dehesa de Santa María por valor de 4.361.493 euros, lo que supone prácticamente el doble del valor de mercado del metro cuadrado de suelo de secano.

Con el ex alcalde Francisco Bella al frente, que actualmente se encuentra imputado por la compra del Campo de Golf Dunas de Doñana, la institución local adquirió este suelo catalogado como no urbanizable de protección especial, únicamente al objeto de destinarlos a "patrimonio municipal".

Se trata de una de las controvertidas operaciones descubiertas por la auditoría que puso en marcha el nuevo equipo de gobierno del PP para conocer no sólo el estado de las cuentas públicas, sino también aquellos convenios urbanísticos que han llevado a la institución al borde de la bancarrota. Tras detectarse las "desorbitadas" cifras que se llegaron a pagar, el portavoz del PP, José Joaquín de la Torre, reclamó un informe al perito agrícola municipal, donde se apunta a que en 2006 y "en función de las valoraciones en las referencias catastrales" el valor de las cuatro fincas no excedería los 1.700.000 euros.

La adquisición se ejecutó a instancia de los hermanos María del Rocío y Vicente Martínez, que presentaron una oferta por tres fincas de su propiedad: la primera de ellas en la parcela 39 en el polígono 9, y la 258 y 259 en el polígono 4. Rosa Eugenia Escobar por su inmueble en el polígono 25, parcela 257.

La operación se gestó en tiempo récord. Sólo un día después de presentar en el registro municipal el ofrecimiento de los vecinos, el portavoz socialista, José Villa, tenía en su mesa los decretos de inicio de adquisición y los informes de intervención. Una semana más tarde se finalizó el expediente administrativo con una valoración pública, dos privados comparativos (realizados con anterioridad a la presentación formal de los vendedores), un pliego de cláusulas administrativas, así como los decretos de iniciación y terminación, amén de la aprobación por la junta de gobierno no sólo del expediente sino también del gasto de más de cuatro millones de euros.

Según fuentes municipales, esta situación hizo albergar la hipótesis de que primeramente se acordó la compra y, a posteriori, se gestó toda la maquinaría para "justificar la operación".

Más allá de lecturas partidistas, a nivel jurídico la operación es igualmente controvertida y podría conllevar el incumplimiento de la normativa para la adquisición de fincas rústicas. Al respecto se invocan los artículos de la ley 7/1999 sobre los Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en el cual se establece el concurso como la forma habitual de contratación y cuyas supuestas excepciones no "concurren en este caso."

Por otra parte, el propio informe de intervención recoge que no se ha presentado la memoria justificativa de la adquisición, amén de no constar el informe del secretario ni la preceptiva comunicación a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Las supuestas irregularidades no acaban aquí. Los socialistas confiaron el trabajo de valoración de las fincas rústicas en el arquitecto técnico municipal, aun a pesar de contar en plantilla con tres ingenieros técnicos agrícolas a quienes competen este tipo de tasaciones. Para más inri, citan fuentes municipales, "el arquitecto técnico municipal utiliza el método de comparación conforme establece la Ley 6/1998 de 13 de Abril, establecido en el artículo 26, pero aplicándolo incorrectamente".

Más concretamente los informes de comparación para calcular y determinar el precio del metro de la hectárea se basaron en informes anteriores al inicio del expediente, amén de no justificarse la analogía entre el precio de las fincas a las que se refieren los escuetos informes y las que se compran". Tampoco se determina "qué técnico valoró esas fincas por parte de las inmobiliarias que los expiden", además de tener una valoración "netamente superior al que tenía el suelo rústico de dehesa" en el 2006 en que se cerró la adquisición municipal".

Fuentes del equipo de gobierno precisaron que el expediente administrativo adolece de los trámites preceptivos para llevar a efectos una compra de esta índole.

En este sentido, indicaron que se ha tramitado "de forma espuria y contraria a la finalidad del mismo" donde todo apunta a que el acuerdo "se encontraba cerrado con anterioridad al inicio del expediente, pactándose precios y plazos de compraventa".