La Junta de Andalucía recurrirá en el Tribunal Supremo la multa de 5,5 millones que le ha impuesto elGobierno central por incumplir la depuración de aguas en aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes porque entiende que el procedimiento no ha sido el adecuado.

Según ha informado en un comunicado la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, “ese incumplimiento de los anteriores gobiernos de la Junta costará a los andaluces 5,5 millones en sanciones” y reprocha a los anteriores ejecutivos socialistas que “tardaran hasta 15 años en reaccionar a los requerimientos de la Unión Europea”.

Para la eliminación de la imposición de multas la Junta debe activar las depuradoras para las aglomeraciones de Isla Cristina y Coín (Málaga), que estarán finalizadas este mismo año, así como la de Málaga Norte. La falta de ejecución de estas tres depuradoras ha ocasionado la sanción que debe pagar la Junta, además de las que debe construir el Gobierno central (Barbate y Matalascañas), que no se han iniciado, según la Consejería.

El actual Ejecutivo autonómico encontró al acceder al Gobierno que en Isla Cristina el colector que estaba ejecutado estaba arruinado y había que volver a hacerlo y que tampoco estaba finalizada la EDAR de La Antilla, pendiente de conexión eléctrica.

Además, comprobó que en Coín estaba la depuradora sin finalizar y el colector destrozado, mientras que ni siquiera estaba redactado el proyecto para la depuradora de Málaga Norte. El equipo actual de la Consejería de Agricultura está agilizando los plazos con respecto al conjunto de las actuaciones de depuración declaradas de interés autonómico con el fin de que todas estén en marcha este mismo año.

De hecho, ya ha activado la fase de pruebas de la EDAR de La Antilla mientras que el colector de Isla Cristina ya está encomendado a Tragsa, que iniciará la obra nada más finalizar el periodo de alarma decretado por la crisis sanitaria del Covid-19.