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Multa a España por no depurar bien las aguas en Isla Cristina y Matalascañas

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condena al Estado a pagar una suma de 12 millones por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas

Una imagen de la EDAR de La Antilla, que se reparte en un total de cinco sectores. Una imagen de la EDAR de La Antilla, que se reparte en un total de cinco sectores.

Una imagen de la EDAR de La Antilla, que se reparte en un total de cinco sectores. / jordi landero

Isla Cristina y el núcleo almonteño de Matalascañas se encuentran entre las 7 localidades andaluzas -9 en toda España- donde no se depuran correctamente las aguas urbanas. Por ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea multó ayer con 12 millones a España, al incumplir una vez más las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Además, desde ayer y con periodicidad semestral deberá pagar 11 millones más mientras que las 9 localidades o urbanizaciones infractoras -Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Gijón este, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa y Valle de Güímar- sigan sin cumplir con la norma comunitaria.

Junto a estas poblaciones, todas con ayuntamientos de más de 15.000 habitantes, existen otras 8 que tienen ya construidas las depuradoras, si bien se incluyen en la denuncia de la Comisión Europea contra España. Son Aguiño-Carreira-Ribeira, Benicarló, Estepona-San Pedro de Alcántara, Peñíscola, Santiago de Compostela, Teulada-Moraira, Vigo y Valle Guerra noreste.

En la playa almonteña aguardan la necesaria próxima edificación bajo tratamiento biológico

Desde el Ayuntamiento de Almonte señalan que en esta legislatura se ha trabajado y avanzado en este asunto, toda vez que al estar Matalascañas en una zona sensible, junto al Parque Nacional de Doñana, necesitan un sistema biológico y no químico -el actual-, por lo que mantienen una depuradora obsoleta en primera línea de playa hasta la construcción de una nueva, dependiente del Gobierno de España. Para el concejal-delegado de Turismo, Desarrollo Local, Desarrollo Industrial y de Matalascañas, José Miguel Espina, esta situación "se veía venir", por lo que es el Estado, según explicó, quien debería valorar esta multa, ya que "le va a costar más la multa que hacer las depuradoras".

En Isla Cristina, la alcaldesa de esta localidad, Montserrat Márquez, mostró su más enérgica protesta ante una noticia que a su juicio "mancha una vez más" el nombre de la localidad costera con asuntos que "no dependen" del Ayuntamiento. En declaraciones a Huelva Información, la primera edil lamentó que la Junta de Andalucía "no ha hecho lo que tenía que hacer", a lo que añadió que "una vez más nos sentimos olvidados y engañados, siendo uno de los municipios más importantes de la costa de Huelva". Así, la regidora manifestó que Isla Cristina "no puede seguir siendo la eterna olvidada de la Junta de Andalucía".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, señaló ayer en declaraciones a los periodistas que "todas" las depuradoras andaluzas incluidas en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea "están en obras, algunas de ellas concluidas como es el caso de la de Tarifa, y el resto muy próximas a su finalización".

En el caso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que afecta a Isla Cristina y que se encuentra situada junto a la playa lepera de La Antilla, fuentes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva precisaron a esta redacción que la obra civil está "prácticamente concluida, a falta de unos flecos", por lo que dicha instalación podrá estar operativa "antes de finales de este año", al igual que el colector de conexión anejo a la misma. Las mismas fuentes también indicaron que dicha depuradora "se ha construido sobre la base de una existente en el mismo lugar anteriormente, la cual ha sido prácticamente reconstruida de nuevo".

La EDAR de la Antilla, en cuyas obras la Junta de Andalucía ha realizado una inversión de 24 millones de euros, beneficiará a una población de unos 300.000 habitantes, repartidos territorialmente entre un total de cinco sectores a los que dará cobertura cuando entre en funcionamiento: los núcleos de población de Lepe y Cartaya (sector 1); las urbanizaciones costeras de Urbasur, Islantilla y La Antilla (sector 2); la entidad local menor de La Redondela (sector 3); las poblaciones de Isla Cristina, Pozo del Camino y Las Colinas-Las Palmeritas (sector 4); y finalmente la urbanización Pinares de Lepe (sector 5).

La historia de esta problemática ambiental se remonta a 1991, fecha en la que se aprueba la directiva de Europa que obliga a las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes a que depuren correctamente sus aguas antes del año 2001. En 2008, tras varias advertencias, la Comisión Europea denunció a España y dos años después llevó al Estado ante la Justicia, tras comprobar que todavía varias poblaciones con las anteriores características no contaban con sistemas colectores ni sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. En 2011 se confirmó esta condena por incumplimiento en 37 zonas urbanas, aunque no hubo sanción y se dio un nuevo plazo para cumplirla. A pesar de ello, el pasado año la Comisión Europea volvió a denunciar los incumplimientos a las anteriores 17 aglomeraciones urbanas.

En la sentencia de ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que España aún no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia de 2011 y además explica que el no disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales puede perjudicar el medio ambiente, por lo que deben considerarse "incumplimientos graves". Por otro lado, subraya que a pesar de los esfuerzos dados, el carácter "especialmente prolongado" de la infracción constituye "una circunstancia agravante".

En cualquier caso, la ejecución de la sentencia no se producirá antes de 2019, con lo que el retraso es de 18 años con respecto al plazo fijado por la directiva, que era el 31 de diciembre de 2000.

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