El 24 de junio de 2017 se declaró el gran incendio del paraje de Las Peñuelas, conocido también como el de Mazagón o el de Doñana. Más de 700 efectivos se emplearon a fondo para acabar con el fuego, que devoró durante once días 10.339 hectáreas de la costa oriental onubense, afectando a los términos municipales de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera y obligando a la evacuación de más de 2.000 personas.

Pese a la envergadura del desastre, la Junta de Andalucía no solicitó la declaración de zona catastrófica. Así lo han certificado a Huelva Información fuentes próximas a la Administración autonómica y así se lo transmitió ayer el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, Álvaro Burgos, a una representación de los afectados con la que se reunió en la sede de la calle Sanlúcar de Barrameda.

Y este, claro está, será el gran escollo para que el Gobierno de Juanma Moreno pueda tramitar la derivación de algún tipo de ayuda económica al medio millar de víctimas materiales del fuego de Doñana, quienes perdieron desde sus viviendas a todo tipo de enseres.

Dos años han transcurrido ya y los perjudicados siguen sin reparación, con una causa enquistada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer que está abocada a perpetuarse. Sin la declaración de zona catastrófica, no pueden encomendarse más que a las posibles indemnizaciones.

Uno de los asistentes a la reunión con Álvaro Burgos, Ángel Ruiz, manifestó ayer a este diario que al no contar con la declaración el margen de maniobra para recibir ayudas por parte de la Administración se acorta, situación "para volverse loco". Él perdió su vivienda habitual en Mazagón y todo su contenido, media vida valorada en 200.000 euros.

Gráfico sobre la zona afectada por el incendio de Doñana de junio de 2017.

Ruiz indica que en el encuentro se habló de que tampoco los ayuntamientos pidieron en su día la declaración de zona catastrófica para luego poder solicitar las ayudas correspondientes a la Subdelegación del Gobierno o a la propia Junta. No obstante, estos consistorios no podrían más que solicitarla públicamente, puesto corresponde a la Administración autonómica la tramitación del expediente. El nuevo Gobierno apunta a que en su momento "nadie aconsejó ni dirigió a los afectados" para poder reclamar este tipo de prestaciones.

En el encuentro, el delegado manifestó su compromiso de llevar el asunto ante la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía para "buscar una vía para poder atajar todo lo que hicieron incorrectamente o no hicieron en el Gobierno anterior" respecto a los afectados, según Ruiz. Las fuentes de este diario subrayan que, en el cónclave, Burgos aclaró que no quería utilizar el asunto como arma arrojadiza contra el anterior ejecutivo de Susana Díaz.

La Junta se compromete, por tanto, a estudiar el caso de los 500 afectados por el desastre medioambiental para evaluar alguna "vía" de solución ante la situación de indefensión generada dos años después, ya que todavía no se ha celebrado el juicio y las víctimas no han podido recibir ayudas de carácter económico tras la pérdida de sus viviendas.

Sobre fechas y plazos para que los damnificados tengan noticias acerca de las gestiones que pueda realizar la Delegación de Desarrollo Sostenible no se sabe nada, "ya nos dirán", señaló Ruiz, para llegar a la conclusión tras el encuentro de que a los dirigentes actuales "les disgusta encontrarse con un problema anterior a su gobierno" para "ahora tener que resolver lo que el anterior gobierno no hizo o hizo mal", aseveró.

Por todo ello, el desánimo ya hace tiempo que impera entre los afectados, porque entienden que ha habido "abandono e irresolución" por parte de las autoridades.

Así las cosas, Ruiz señaló que esperarán al menos un mes para llevar a cabo nuevas movilizaciones de no haber una respuesta satisfactoria por parte de la Junta de Andalucía tras esta última reunión, sobre la que no quieren perder la esperanza de que pueda aportar noticias positivas. Hay que recordar que hoy iban a manifestarse en Sevilla, pero suspendieron la movilización como "voto de confianza" a la reunión de ayer.