Desastre en Las Peñuelas

Los afectados del incendio de Doñana reclaman ayudas a la espera del juicio

  • Los damnificados, más de 500, quieren celeridad en la causa y más “atención”

  • Hoy se reúnen con el delegado de Desarrollo Sostenible en Huelva para entregarles sus expedientes

Un grupo de damnificados por el incendio de 2017 muestra una pancarta ante el Palacio de Justicia de Moguer.

Un grupo de damnificados por el incendio de 2017 muestra una pancarta ante el Palacio de Justicia de Moguer. / Amelia Uceda (Huelva)

Después de 27 meses del incendio de Las Peñuelas, que arrasó más de 10.000 hectáreas de Doñana y su entorno, todavía no hay fecha para el juicio. La causa se ha ampliado en dos ocasiones, debido a su complejidad y magnitud, y ha cambiado de juez hasta en tres ocasiones. Este fue uno de los motivos que llevó a un grupo de afectados por el desastre medioambiental a concentrarse en la mañana de ayer ante el Palacio de Justicia de Moguer, donde se encuentra el juzgado que instruye la causa, para pedir celeridad y la atención de la clase política.

En el gran incendio de Las Peñuelas no solo perdió el medio natural. Hay en torno a 500 personas directamente afectadas por una de las mayores desgracias ambientales de la historia del parque. Pero al margen de esa pérdida por la que habrá que depurar responsabilidades en un juicio que todavía no tiene fecha, están las víctimas. Vecinos y veraneantes del área quemada siguen a día de hoy en la misma situación que cuando ocurrió la tragedia, sin sus viviendas y pertenencias y sin ningún tipo de indemnización recibida.

Por todo ello, una veintena de perjudicados (los que tuvieron disponibilidad laboral para asistir a la cita) se acercó en la mañana de ayer a la sede judicial moguereña para reclamar celeridad, pero sobre todo para pedir que se les preste atención.

"Desde el día del incendio nadie nos ha atendido para prestarnos ayuda psicológica y moral", explicó con indignación a Huelva Información Ángel Ruiz, uno de los afectados que perdió la que era su vivienda habitual en las Casas de Bonares (Mazagón), con unas pérdidas cuantificadas de 200.000 euros.

Pero Ruiz argumenta que, si no hay ayuda económica debido a la complejidad y las dilaciones propias de una causa de esta magnitud, sí entiende que debe haberla de otro tipo, "al menos dialogar con nosotros" y "darnos apoyo emocional", dice, ya que, a su juicio, la Administración "solo habló con nosotros para decirnos que no hagáis ruido porque hay mucho invertido en promoción turística en Huelva, nada más".

Uno de los abogados –hay personados unos 60– que representa a 34 de los afectados, el letrado del bufete Osuna Pablo Gastalver, manifestó a este periódico que además "la Administración debe asumir el tener que indemnizar en una proporción de un 30% o un 40%" a los perjudicados y "después que repita" acciones legales "contra los responsables" en el procedimiento judicial, pero que "no deje de atender las necesidades de las víctimas", ya sea con créditos extraordinarios o ayudas gubernamentales, ya que "está dejando tiradas a muchas personas que pagan sus impuestos".

Igualmente, Gastalver recalcó que una causa de esta envergadura "no se puede proveer con una nueva fotocopiadora", ya que, según explicó, es la única dotación extra que recibió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer para hacer frente a lo que ya se puede considerar como una macrocausa, que cuenta con más de 15.000 folios.

Esa misma idea manifestó Loli, una de las afectadas que llegó desde Sevilla, a la que le daba la sensación que este caso se quedaba grande para el órgano judicial moguereño. Ella perdió su caravana y todas las pertenencias propias de una casa que tenía en la parcela que alquilaba en el camping Doñana, donde llevaba veraneando 45 años. "He podido volver porque mis padres faltan y he cogido una pequeña herencia, pero he perdido 25.000 euros" además de "muchos recuerdos", señaló.

Conchi, visiblemente nerviosa, también explicó a este diario su impotencia por la situación en la que se encuentra. Su marido y ella son mileuristas y pidieron préstamos para poder contar con su caravana para pasar el verano en el camping Doñana, y justo cuando acabaron de pagarlo se produjo el incendio. "Lo perdimos todo", después de tener sus vacaciones allí desde el año 2007. "Es nuestro paraíso y hemos vuelto otra vez", indicó; eso sí, con un nuevo préstamo a sus espaldas.

Estaba previsto que los afectados se manifestaran mañana en Sevilla, pero suspendieron la convocatoria, que queda a expensas del resultado de la reunión que mantendrán en la mañana de hoy con el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, Álvaro Burgos. A él le entregarán la documentación de la que disponen en sus expedientes para que valore la posibilidad de que se les pueda prestar alguna ayuda económica.

El incendio de Las Peñuelas, enclave del término de Moguer, se declaró el 24 de junio de 2017 y se catalogó como de nivel 1. Obligó a la evacuación de más de 2.500 personas y movilizó a más de 700 efectivos.

El desastre afectó a cuatro espacios protegidos, siendo el 88,2% del terreno quemado de relevancia medioambiental. El 71% de esta superficie pertenece al espacio natural, a la Zona Especial de Conservación (ZEC) y a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Doñana, lo que supone 7.387 hectáreas de las 10.339 que fueron destruidas.

Quedaron afectadas 23,6 hectáreas edificadas, 18,2 hectáreas de los campings de la zona y 50 de cultivos e invernaderos. Además de los ciudadanos damnificados, está personada como acusación particular y parte perjudicada la Junta de Andalucía y constan como investigados principales dos responsables de Carbones Fergón, a los que se les imputa un presunto delito de incendio forestal imprudente, además de un tercero, trabajador de la misma empresa carbonera de Moguer.

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