La Junta afirma que el plan de regadíos tiene un amplio consenso

La Junta de Andalucía terminará de perfilar el Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana y lo presentará en "breve" para su aprobación en el próximo Consejo de Participación, que se convocará, presumiblemente, con carácter extraordinario y monográfico a principios de octubre.

Así lo aseguró ayer el delegado de la institución autonómica, José Fiscal, quien indicó que existe un consenso unánime sobre la necesidad de poner en pie este instrumento que regulará las zonas de riego y permitirá brindar seguridad jurídica a los agricultores del Condado.

Fiscal precisó que las únicas discrepancias con respecto al documento, que pondrá orden en una extensión de 64.000 hectáreas, son nimias y circunscritas a errores de planimetría de capas y zonas de catalogación del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana. Es por esta razón por la que se va a iniciar una ronda de contactos con los Ayuntamientos afectados (Almonte, Rociana del Condado, Bonares, Moguer y Lucena del Puerto). El objetivo no es otro que corregir las inexactitudes que contienen las cartografías, si bien no habrá grandes modificaciones en el corpus del documento, que vendrá a legalizar en torno a las 9.098 hectáreas de terreno anunciadas el pasado viernes en la Comisión de Aguas y Biodiversidad. Fiscal insistió en que todo este trabajo no se extenderá más allá de dos semanas, a la par que subrayó que en todo momento se han respetado las zonas catalogadas en el POTAD, un documento que es Ley y que, por consiguiente, "hay que cumplir", descartando con ello la amnistía que denunciaba WWF. En este sentido, insistió en que "incluso Ecologistas en Acción coincide a la hora de apoyar el Plan".

La ecuación es simple: se legaliza todas aquellas hectáreas de riego anteriores al ejercicio 2004 en que se desarrolló el POTAD, aunque su vigencia tuvo lugar en 2005. Serán el resto de hectáreas, algo más de 2.500, las que quedarían al margen de la ley y sin posibilidades de ser regularizadas en un futuro, obligándose a sus propietarios al cierre de pozos. En este sentido, Fiscal anunció que existirán fincas asentadas en zonas de máxima protección que tendrán que volver a su estado originario, mientras que en otras se podrán sembrar, pero productos de secano. Los regantes ya dejaron constancia en un documento escrito de su compromiso en no incrementar en el futuro la superficie de regadíos y realizar un uso más eficiente de los recursos hídricos basado en el regadío localizado y el aprovechamiento de las aguas sobrantes mediante las técnicas de recogida y canalización. En paralelo, anunciaron el abandono progresivo del aprovechamiento de aguas subterráneas y su sustitución por aguas superficiales procedentes de las cuencas Hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir.

En paralelo, una vez dispongan del agua superficial la Comunidad de Regantes El Fresno anunció que sellaría los pozos de esas 856 hectáreas que se beneficiarían de los 4,9 hectómetros cúbicos, lo que supondrá un alivio para el acuífero.

Por su parte, WWF ha sido la única voz discordante al entender que el Plan supone una especie de amnistía a aquellos que vulneraron la ley y trasformaron monte público.