Huelva y Vigo alcanzan un acuerdo para el reparto de cuotas pesqueras

Los días de competencia despiadada entre las flotas españolas de arrastre con licencias para pescar en la subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la jurisdicción de Portugal han tocado a su fin, y lo han hecho gracias a la disposición de las cofradías de la provincia de Huelva y Vigo, entre las que se reparte la cuota global adjudicada a España para cada especie y el porcentaje de cuota correspondiente a los buques de la modalidad de arrastre de fondo.

Los responsables de las cofradías o asociaciones pesqueras a las que pertenecen los buques con licencia en esta subzona han conseguido, tras muchos meses de negociación, llegar a un acuerdo para distribuir las pesquerías por barco -una novedad-, teniendo en cuenta las preferencias de pesca que sobre las distintas especies tuviesen cada uno de ellos, la especialidad de cada flota, acabando así con lo que se había convertido en una auténtica competición, muchas veces sin sentido y sin tener en cuenta las necesidades reales -la demanda del consumidor- entre las embarcaciones.

El acuerdo voluntario de los armadores, una vez alcanzado, fue trasladado al Gobierno de España, que le daba sus bendiciones con la publicación el pasado lunes 11 de agosto publicaba la Orden AAA/1505/2014, de 31 de julio, por la que se regula la pesquería de arrastre de fondo en aguas de la subzona IX del Consejo Internacional de Exploración del Mar sometidas a la soberanía o jurisdicción de Portugal. La satisfacción no puede ser mayor.

Según explica el presidente de la Asociación de Armadores del puerto ayamontino de Punta del Moral y vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), Alonso Abreu, dicha orden no hace más que "plasmar el acuerdo que bilateralmente hemos alcanzado en Lisboa -punto elegido por las partes negociadoras por quedar justo a medio camino de la base de cada flota- tras un año y medio de negociaciones entre las asociaciones de armadores de Punta del Moral y del puerto gallego de Marín de cara al reparto de la cuota establecida para las distintas especies de la subzona en cuestión".

El pacto, que afecta al porcentaje correspondiente de la cuota española para las capturas de cigala, gallo, rape, bacaladilla, jurel y merluza, según Abreu, no supone un cambio de las cantidades previamente establecidas para cada especie y su principal novedad e importancia radica en "la redistribución de las cuotas por embarcación con licencia para la pesca de arrastre de fondo en aguas portuguesas", frente al modelo anterior, que "sólo establecía un máximo de toneladas y cada barco salía a faenar por su cuenta hasta que se agotaban las cuotas".

En este marco, asegura Abreu, "también nos hemos redistribuido las cuotas entre la flota gallega y la onubense en función de la especie objetivo de cada una de ellas", que en el caso de la gallega se trata de peces -sobre todo, bacaladilla y rape- y, en el de la onubense, de marisco, fundamentalmente, cigala y gamba.

Además, afirma Abreu, "lógicamente las flotas más beneficiadas con este acuerdo son las que tienen autorización para la pesca de arrastre de fondo en aguas de Portugal con puerto base en Andalucía, prácticamente todas de Punta del Moral, y la flota gallega en posesión de la misma licencia, con puerto base en Marín".

En este sentido, las embarcaciones beneficiadas por el acuerdo entre ambas asociaciones de armadores son siete de Punta del Moral, una de Isla Cristina y cuatro de Marín.

Las ventajas del nuevo sistema de reparto de cuotas por embarcación va a permitir, fundamentalmente -subraya Abreu-, que los armadores "vamos a tener la posibilidad de autogestionar nuestras capturas en función de la rentabilidad de cada momento del año" y no tendrán que actuar así empujados por la presión provocada por el hecho de que otra embarcación pueda acabar con la cuota global de un determinado producto.

Además, la orden regula otros aspectos que, aunque no se circunscriben exclusivamente al reparto de las cuotas, sí que pueden afectar al correcto desarrollo de la alianza alcanzada y causar desavenencias que las partes negociadoras se han cuidado de evitar.

Por ejemplo, sólo los buques que figuran en la lista, que estén dados de alta en el censo de flota operativa y con el Diario Electrónico a Bordo dado de alta y operativo podrán hacer uso de sus posibilidades de pesca y transferir o transmitir esas posibilidades de forma temporal por un máximo de dos años o definitiva, y no podrán acumularse por parte de una empresa o grupo relacionado societariamente más del 30% del total de las posibilidades de pesca asignadas a la modalidad.

Eso sí, si un barco decidiese transferir sus posibilidades de pesca en una campaña, no podrá solicitar licencia para pescar en un tercer país bajo un acuerdo de pesca o con una licencia privada en países terceros dentro de ese mismo año ni al año siguiente.

Si se detecta, al llegar el 1 de septiembre, que hay buques que no han podido usar su cuota de pesca por no estar dados de alta y con el Diario Electrónico a Bordo dado de alta y operativo, o por estar faenando al amparo de un acuerdo de pesca o con una licencia privada en un país tercero, su cuota se distribuirá de forma lineal entre el resto de las embarcaciones que sí cumplan.

La orden hace hincapié en su introducción en la prioridad que supone para las autoridades comunitarias garantizar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y recuerda en este sentido el reglamento europeo en el que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de merluza europea y de cigalas en el Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica, dos de las especies objeto del acuerdo, muy demandadas y por ello objeto de una gran presión pesquera.

Por ello, la orden también establece que, de las cantidades que se asignen a España cada año, el Ministerio de Agricultura reservará un 5% para compensar posibles sobrepescas, porcentaje que más tarde se distribuirá dependiendo de las necesidades de la flota.

El acuerdo, no obstante, no es eterno. Según explica Abreu, el convenio que se plasma en esta orden se ha diseñado "con vistas a ser revisado y renovado de forma anual, para poder ir reajustándolo en función de las capturas de cada embarcación y las necesidades de cada momento".

Cada año, la Secretaría General de Pesca comunicará las cuotas disponibles de las especies antes citadas. El porcentaje de posibilidades de pesca se distribuye de forma individual, en este primer año, en virtud de las pesquerías realizadas por cada buque en el momento de la publicación de la Orden, y en el segundo año, en función de las posibilidades de pesca de cada buque a 1 de enero del año en cuestión.

Cabe destacar que, "aunque alcanzado en el marco del acuerdo de pesca con Portugal, no tiene nada que ver este, que expira en 2015 y que, por tanto, se está actualmente volviendo a renegociar con el objetivo de renovarlo mejorando sus condiciones".

En el Golfo de Cádiz hay actualmente un total de 140 embarcaciones de arrastre de fondo, 35 de las cuales tienen como puerto base Punta del Moral. De estas 35 embarcaciones onubenses, las siete beneficiadas por esta nueva Orden son las que cuentan con licencia para la pesca de arrastre de fondo en aguas portuguesas (además de una con puerto base en Isla Cristina).