El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha pedido la colaboración del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, para que llame “al camino de la legalidad” a los miembros de su partido que “están promoviendo el incumplimiento” de sentencia judicial que obliga la cierre de pozos ilegales en el entorno de Doñana.

El delegado ha censurado las manifestaciones del vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, exparlamentario andaluz y exalcalde de Ayamonte, en las que anima a los agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El delegado considera estas palabras como “un acto de irresponsabilidad que no es de recibo en un partido de Gobierno que debe velar por la garantía del Estado de Derecho, ya que suponen, de facto, una obstaculización a la Justicia ante la obligación de ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), toda vez que la Unesco ha advertido que vigilará de cerca lo que ocurra en Doñana durante los dos próximos años”.

“Para el Gobierno este es un asunto de Estado que tiene la prioridad de conservación de este Parque Nacional, el humedal más importante de Europa y una de las grandes joyas de la naturaleza española”. Fernández asegura y añade que el Gobierno es “claro”, pues “no va a haber tregua para las prácticas ilegales que es la mejor defensa del sector agrícola de Huelva que cumple con la legalidad y para el prestigio de los frutos rojos onubenses en Europa”.

La Asociación de Agricultores del Condado defiende al vicepresidente del PP y tacha de absurdas las acusaciones

Fernández ha apelado a la necesidad de colaboración entre las administraciones competentes. La Junta es la que ordena, mediante el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, el territorio y su superficie regable. El Ministerio para la Transición Ecológica está intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana.

“Seguiremos trabajando para reducir la presión sobre los acuíferos y cerrar los pozos, aunque hay que marcar la línea divisoria entre la actividad agraria regulada y amparada en derechos concesionales, de las prácticas ilegales que, además de afectar gravemente al equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los recursos hídricos, distorsionan la propia estabilidad de los mercados agrarios”, precisó Fernández.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, ha calificado de “gran irresponsabilidad” las declaraciones del vicepresidente del PP en Huelva

El PP ha reiterado su apoyo a los agricultores del Condado e insistido “en su apuesta por el trasvase de agua superficial como alternativa al cierre” de los pozos agrícolas, tal, como afirma, “ya se hizo durante con Rajoy en la Moncloa, cuando se clausuraron cerca de 400 captaciones de agua subterránea con la trasferencia de 4,9 hectómetros cúbicos”.

Ley de trasvase

El PP ha asegurado que el cumplimiento de la ley es “incuestionable y así se ha demostrado siempre”, y ha reclamado al Gobierno socialista de Sánchez que ejecute la ley del trasvase aprobada el año pasado “para garantizar el agua superficial que asegure la continuidad de la actividad agrícola del Condado como motor de riqueza y empleo”.

“Tenemos el instrumento necesario para llevar el agua superficial suficiente a los agricultores y preservar el acuífero de Doñana, que es la ley del trasvase. Ahora sólo hace falta que el Gobierno del PSOE la saque del cajón y la ponga en funcionamiento”, concluyó el PP.

Por su parte, la Asociación de Agricultores del Condado Onubense (AACO) ha salido en defensa del vicepresidente del PP y tacha de “absurdas” las acusaciones contra él. La asociación asegura que “no ha incitado a nadie a nada y que “solo muestra el apoyo a personas con las que se está haciendo una injusticia por parte de la CHG”.