El ex director general de Minas de Río Tinto y socio de Mantesur Andévalo, Carlos Estévez, parece haber entrado en una especie de suerte judicial sin freno que le puedellevar a convertirse en todo un ilustre visitador de los juzgados de Madrid, Huelva y Sevilla. Su última declaración, a la que tuvo que ir 'de invitado' por la Policía Judicial, es sólo un botón de muestra, quizás de los más suaves, a los que se puede enfrentar en los próximos meses.

Los ex trabajadores de MRT habían denunciado una y mil veces sus incomparecencias judiciales. Los mineros lo denunciaron en su día y le acusaron de haber vendido maquinaria embargada, un hecho que se conoce en el argot jurídico como alzamiento de bienes.

Pero esta entrada y salida del juzgado no será la única.

De momento, los ex mineros siguen manteniendo que la empresa heredera de la SAL, ideada por Estévez, les adeuda un total de doce millones en salarios impagados entre los años 2001 y 2004, pura calderilla si se compara con lo reclamado por los demás acreedores.

Otro de los frentes morosos que dejó abierto Estévez fue con la Fundación Río Tinto tanto en su etapa de la SAL como en Mantesur.

En su periplo asociativo se produjo la permuta de los terrenos que hoy ocupa el vertedero y que eran propiedad de la Fundación. A cambio, la entidad cultural recibiría 21 millones y la denominada Casa XXI, donde residía el staff británico. Pero en la Fundación recuerdan que no cumplió el acuerdo y se quedaron sin el dinero, eso sí ocuparon la antigua e histórica casa. Al mismo tiempo entre los años 1996 y 2008, la Fundación Río Tinto no ha recibido ningún pago de los estipulados con la empresa minera y eso que había un pacto de ingreso de 25 millones por año que no ha sido satisfecho ni por la antigua SAL ni tampoco por Mantesur.

Pero sin duda el caso que pisa los talones a Carlos Estévez es el que protagonizó con la empresa suiza Shorton Limited. Esta sociedad firmó con Mantesur un contrato de finaniación para la compra de cobre por tres años cuando la firma de Estévez anunció su intención de reabrir la mina.

Shorton mantiene su querella criminal contra Carlos Estévez y otros dos directivos como presuntos autores de un delito de estafa y apropiación indebida.

Según Shorton, Estévez les aseguró disponer de los permisos necesarios para reabrir la mina. Hasta once millones de euros volaron con el pretexto de reabrir la explotación, no sin antes firmar un rosario de intermediaciones y avales entre sociedades interpuestas supuestamnte por la trama del ex director general. Hasta se pagaron trabajos no realizados y ficticios a los acreedores, según Shorton.

La jugada puede dar la puntilla a Estévez y dejar gran parte de las acciones en manos de Shorton, que tendría dos opciones: pedir dinero a los nuevos socios, Emed Tartessus, cobrarlo y marcharse o formar parte del capital del nuevo Proyecto Río Tinto. Esta segunda opción eliminaría a Mantesur Andévalo y dejaría las manos libres a Emed Minning para negociar directamente con la Junta.