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La Fiscalía rastrea denuncias desde 2015 vinculadas a abusos a jornaleras

  • El Ministerio Público remite al juez de Moguer su investigación, que afecta ya a 4 víctimas

Jornaleras trabajan en una explotación fresera onubense. Jornaleras trabajan en una explotación fresera onubense.

Jornaleras trabajan en una explotación fresera onubense. / h. información

La Fiscalía de Huelva ha remitido ya sus diligencias de investigación al juzgado de instrucción de Moguer que trata de esclarecer lo acontecido en una explotación fresera de la demarcación, donde presuntamente un manijero habría abusado sexualmente de varias trabajadoras. Este hombre, de nacionalidad española y que ejercía como encargado de las víctimas en el campo, fue detenido la pasada semana por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y puesto en libertad con cargos por la autoridad judicial.

Tal y como precisó ayer la Fiscalía Superior de Andalucía a través de un comunicado, hasta el momento han sido cuatro las mujeres -todas de nacionalidad marroquí- que han declarado, y todas ellas han coincidido en afirmar que los presuntos abusos sexuales han sido protagonizados por el mismo investigado, un manijero del que todavía no ha trascendido la identidad.

Cualquier víctima debe saber que puede denunciar y que será amparada"

Las declaraciones han sido posibles a través de la investigación realizada por la Policía Nacional, que localizó a dos víctimas, y la que ha llevado a cabo la Guardia Civil, con la identificación de otras dos mujeres.

El fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, avanzó ayer a Huelva Información que el Ministerio Público está en este momento "rastreando hasta 2015 denuncias que pudiera haber de abusos sexuales en el marco de causas penales que pudieran estar activas o sobreseídas", y que pudieran tener algún vínculo con el imputado o referir hechos similares a los que ahora se investigan.

Fernández Arévalo indicó que "por el momento lo que tenemos son las denuncias de estas cuatro mujeres", pero dejó claro que "cualquier víctima debe saber que puede denunciar y que va a ser amparada por esta Fiscalía", aunque también se pueden interponer las pertinentes delaciones en sede policial o ante la Inspección de Trabajo.

Ha sido clave la denuncia de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía para elaborar las diligencias, "porque no se sabía ni dónde ni quién, pero nos aportó una referencia de la que tirar", refiere el fiscal jefe. Hay que tener en cuenta que "estamos hablando de delitos donde la víctima es la que tiene que denunciar para que podamos abrir una investigación".

El Ministerio Público onubense agradece la colaboración que han prestado los medios de comunicación y las ONG para denunciar, conseguir la localización de las perjudicadas y el esclarecimiento de los hechos.

Aunque todavía queda mucha investigación judicial por delante, este diario ha podido saber que la acusación podría centrarse en los abusos sexuales con prevalimiento, es decir, el que comete alguien que se vale o se sirve de algo -por ejemplo, de su posición en el escalafón laboral- para sacar ventaja o provecho propio del perjudicado.

En paralelo, la parlamentaria andaluza de IU Elena Cortés exigió ayer a la Junta de Andalucía que "aplique la Ley de Violencia de Género" para defender a las temporeras. Lamentó en este sentido que el Gobierno andaluz, a pesar de "disponer de herramientas tan poderosas como es su propio gobierno o como la Ley de Violencia de Género" para luchar contra esta situación de indefensión de las temporeras "no las utilice", sobre todo cuando "estamos ante un colectivo especialmente vulnerable".

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