El propietario del Gran Hotel El Coto de Matalascañas, M.B.G., y el presidente de la comisión liquidadora del establecimiento, A.V.G., se enfrentan a tres años de prisión por delitos de administración desleal y estafa, después de que subastaran ilícitamente varios locales comerciales del negocio.

Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía de Sevilla, al que ha accedido en exclusiva Huelva Información, en el que se detalla que la empresa Gran Hotel El Coto SA está declarada en situación legal de suspensión de pagos desde 1994, situación que confirmó el Juzgado de Primera Instancia 2 de La Palma del Condado.

El Ministerio Público reseña que las mercantiles denunciantes son Eurospain de Promociones Turísticas SL y Viajes Celimar SA. En el punto séptimo del convenio se acordaba que, en caso de incumplimiento de la obligación de pago de la suspensa a estas dos empresas, pasado un año "se convertiría la comisión de vigilancia en comisión liquidadora y en este supuesto la comisión actuará según poderes que le otorgará la suspensa, debiendo contemplar los mismos las más amplias facultades de disposición del dominio".

La cuestión es que el 30 de noviembre de 2005, la suspensa Gran Hotel El Coto SA acordó en junta general de accionistas el cese del liquidador nombrado inicialmente y la nominación de un nuevo liquidador, M.B.C.

La acusación pública determina que M.B.G. pujó y se llevó 6 locales por 2,6 veces menos del valor tasado

Esta designación se llevó cabo "a pesar de que la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de septiembre de 2005" determinó que Gran Hotel El Coto no podía nombrar "en ningún caso liquidador de la misma, ya que en el convenio de suspensión, las facultades de liquidación se atribuyeron a la comisión de vigilancia, luego de liquidación". Tampoco era posible, desde el punto de vista legal, "liquidar la suspensa al margen del juzgado que conozca el procedimiento concursal", refiere el fiscal.

Pese a estas pautas, el 30 de noviembre de 2005 "se nombra presidente de la comisión liquidadora al acusado A.V.G.". Hay que tener en cuenta que el otro procesado, M.B.G., es el principal accionista de Gran Hotel El Coto SA.

Con todo, el 5 de marzo de 2010 se celebró, a solicitud de A.V.G., "una reunión extraordinaria de la misma en la que interviene M.B.C. como liquidador puesto a disposición de la comisión liquidadora de la entidad". Y es este quien "otorgó poderes a la comisión liquidadora en nombre de la suspensa para que esta pudiera proceder a la enajenación del activo de la suspensa".

El Ministerio Fiscal subraya en la calificación de los hechos que M.B.G. "es el principal accionista de Gran Hotel El Coto SA y además es dueño del inmueble donde se ubica el hotel El Coto, ya que el mismo fue adquirido a las entidades que se lo habían adjudicado" en el procedimiento judicial que se lo atribuyó a Bamar 2000 SA, propiedad de este mismo acusado.

Según el fiscal del caso, que se ha investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, M.B.G. "tenía gran interés en hacerse con la propiedad de los activos de Gran Hotel El Coto SA, ya que son anexos al inmueble donde el ubica" el hotel. Para conseguirlo "por un bajo precio, en perjuicio de los acreedores, entre ellos las mercantiles denunciantes, se concertó con el también acusado A.V.G.".

Así, este último hizo uso de los poderes concedidos como presidente de la comisión liquidadora y compareció en una notaría "para instar a subasta voluntaria" a seis inmuebles de la empresa. Se trata del local 37, consistente en la piscina y el solárium; otra zona de servicios de 47 metros cuadrados; dos locales comerciales de 48 metros cuadrados cada uno, y un local comercial de 324 metros cuadrados donde, en su momento, estuvo instalado el restaurante Cibeles, en la primera planta del edificio.

La piscina vallada, en el año 2013.

Destaca el Ministerio Público que la puja se estableció en el 70% del precio del lote, pero que "los valores dados a los inmuebles de la subasta estaban a propósito infravalorados para facilitar la adquisición por M.B.G.". De hecho, el montante total de las áreas subastadas fue de 458.925 euros, "mientras que el valor de los mismos, según las tasaciones efectuadas por el tasador judicial" y el de la acusación particular, establecían su precio entre los 726.000 y los 868.000 euros.

A pesar de los impedimentos legales, los acusados formalizaron la subasta el 24 de febrero de 2011. En esta puja salió vencedora Bamar 2000, propiedad del dueño del hotel El Coto de Matalascañas, que se llevó las dependencias por 330.000 euros, 2,6 veces menos que lo tasado por los denunciantes.

La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de administración desleal, por lo que pide para los acusados una pena de año y medio de prisión y costas, y que alternativamente procede imponer a M.B.G. y A.V.G. otro año y medio de reclusión por un delito de estafa, al que también habría que añadir las costas. Asimismo, considera que "procede dejar sin efecto la subasta notarial y la escritura de venta de las fincas adjudicadas". El asunto está pendiente de señalamiento de juicio en un juzgado de lo Penal de Sevilla.