La Fiscalía de Huelva ha rebajado de dos años y 10 meses de cárcel a un año la petición de condena para los dos exalcaldes de Almonte, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), acusados por la extracción ilegal de aguas en Doñana al considerarlos cómplices.

Antes de la práctica del juicio contra ellos y otros 13 agricultores de la finca de Matalagrana, que comenzó el pasado lunes 15 marzo, el Ministerio Fiscal consideraba que los exregidores habían sido cooperadores necesarios, si bien, tras la práctica de la prueba en la vista oral a lo largo de dos semanas, entiende que su participación en los hechos es en grado de cómplices lo que comporta una pena inferior.

Así lo explicó ayer el fiscal del caso, Alfredo Flores, en el plenario durante sus conclusiones, precisando también que para los agricultores ha rebajado la pena al mínimo legal, lo que implica que frente a la petición inicial de tres años y 10 meses de cárcel se sitúe ahora en dos años.

Más allá de esta rebaja, la Fiscalía ha mantenido las líneas en las que basaba su acusación contra estas personas por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas, y establece que la norma penal aplicable es la del artículo 325 del Código Penal en vigor cuando sucedieron los hechos, no en su reforma de 2015, como hasta ahora sostenía.

Además, el fiscal jefe de Huelva concretó la responsabilidad civil en base al informe del perito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Según la Fiscalía, en las explotaciones implicadas en la causa se ha producido "una detracción ilegal y sistemática" de agua del acuífero que surte de agua a entre 2009 y 2012, lo que provocó una alteración del balance hídrico del mismo y supuso "un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".

Desde que en el año 2007 y siguientes empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG por extracción de agua, Francisco Bella y José Antonio Domínguez se comprometieron expresamente con dichos acusados a solucionar "el problema" y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una "solución política" al tema. Con esa actitud y posicionamiento permitieron que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero.

También expuso sus conclusiones el abogado del Estado, en representación de la CHG, adhiriéndose a la Fiscalía y solicitando una sentencia condenatoria en los mismos términos.