El juicio contra los 15 acusados, entre ellos los ex alcaldes de Almonte, Francisco Bella y José Antonio Domínguez, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente por presunta extracción ilegal de aguas subterráneas, causando riesgo de un perjuicio grave para Doñana se celebrará a partir del 16 de marzo. Fuentes jurídicas informaron a Efe que la vista tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva y en principio está previsto que se prolongue durante dos semanas.

Los dos exalcaldes se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de dos años y 10 meses de cárcel para los ex alcaldes de Almonte al considerarlos cooperadores necesarios en una causa en la que también están acusados 13 titulares de explotaciones sita en el paraje Matalagrana, en Almonte, y administradores de siete empresas agrícolas, para los que pide tres años y 10 meses de cárcel, al entender que son los autores de los hechos.

Los dos ediles deberán de hacer frente a una multa de 12.000 euros cada uno y los empresarios de 5.400; mientras que el fiscal entiende que procede imponer a las empresas implicadas el pago de 24.000 euros; todo ello al margen de la responsabilidad penal que hayan de abonar y que se fijará en base al informe pericial elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Según la Fiscalía, en las explotaciones implicadas en la causa se ha producido "una detracción ilegal y sistemática" de agua del acuífero que surte de agua entre 2009 y 2012, lo que provocó una alteración del balance hídrico del mismo y supuso "un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga, sus hábitats y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".

Desde que en el año 2007 y siguientes empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG por extracción de agua, Francisco Bella y José Antonio Domínguez se comprometieron expresamente con dichos acusados a solucionar "el problema" y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una "solución política" al tema. Con esa actitud y posicionamiento permitieron que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero, esgrime la Fiscalía.